El líder de la oposición Víctor Ponta dijo que la votación representa el fin de “un sistema abusivo, que utiliza cualquier arma posible”. “En ocasiones hay justicia. Hoy hubo justicia”, agregó.
El ex primer ministro rumano Emil Boc, cuyo gobierno de cuatro años cayó en febrero último después de semanas de violentas manifestaciones por las medidas de austeridad, consideró la votación “una victoria del oportunismo político y el cambio de partido”.
La divisa nacional rumana, el leu, cayó ayer casi a su nivel histórico más bajo por esta crisis política que atraviesa ese país.
La crisis política de Rumania ocurre en medio de la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que evalúa si ese país balcánico cumple los acuerdos de austeridad firmados para acceder a dos créditos desde el 2009.
Las políticas de austeridad pactadas con el FMI llevaron en enero último a una serie de protestas callejeras que causaron la caída del gobierno de Emil Boc, que el 7 de febrero fue sustituido por el hoy derrocado de Mihai Razvan Ungureanu.
Efecto dominó
Simultáneamente, el gobierno de la República Checa sobrevivió ayer a una moción de censura, pese a la creciente ira popular contra la corrupción, las medidas de austeridad y recortes.
Después de nueve horas de un acalorado debate, 105 legisladores votaron a favor del gobierno de inclinación derechista para evitar elecciones anticipadas, y 93 en contra.
El primer ministro Petr Necas prometió continuar con las reformas y reducción de costos.
“Debemos adoptar hoy las medidas. Si las postergamos, tendremos que adoptarlas a la postre, pero serán mucho más penosas”, expuso a los diputados.
Los checos están molestos con el aumento del impuesto a las ventas y una carga extra del 7 por ciento a los sueldos elevados.
Miles de personas han protestado en los últimos meses en ambos países, para exigir a sus respectivos gobiernos que abandonen las medidas de austeridad y que renuncien.
En Bucarest, el Gobierno aumentó el impuesto a las ventas al 24 por ciento y redujo los salarios de los funcionarios públicos para cumplir las condiciones impuestas por el FMI, para recibir un plan de rescate de US$26 mil millones.
