A nadie debe extrañar el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, anunciado esta semana por enésima vez, en la voz de Hellen Aguirre Ferré. Esto afianza lo errado de la insistencia en poner en manos de Guatemala la solución a las causas de la forzada emigración a Estados Unidos. Creo necesario recalcar los porqué de ese arriesgado y muchas veces mortal viaje: la violencia de las maras, la falta de oportunidades de trabajo, de educación, etcétera, y también, aunque de manera más difícil de tener claro, a las múltiples y vergonzosas muestras de corrupción en el gobierno y el resto de la sociedad. Quienes están apostando contra la Cicig creen estar ganando la partida en cuanto a un pronto retiro de la institución y con ello la eliminación de los casos.

El apoyo a la Cicig lo es contra la corrupción. Pero debe ser un proceso largo: las raíces de esta se encuentran a todo nivel social. Esa entidad no es perfecta, y la posible candidatura de Thelma Aldana le causa problemas, pero nadie puede negar la necesidad de instalar algo similar desde hace tiempo, con el doloroso resultado de detenciones de demasiados meses, para lo cual fue indispensable la labor de un Ministerio Público, cuyo exceso de tareas se ha vuelto un efecto negativo contra la confianza en la institución. Si no se hacen esfuerzos porque desaparezcan esos atrasos y las acciones ilegales e incorrectas, el efecto negativo se volverá contraproducente. Esta es solo una de las acciones indispensables para no dejar en el vacío las opiniones, esperanzas, sugerencias u órdenes en favor del comisionado Iván Velásquez y su gente.

Dentro de círculos de alguna manera cercanos a la administración estadounidense, se comenta el problema representado por una posible posición desfavorable a la Cicig de parte del mandatario, quien de esa manera estaría agradeciendo el apoyo de Jimmy Morales al haber trasladado la embajada guatemalteca a Jerusalén, gesto de chaquetería como pocos en la historia de Guatemala. Todos los funcionarios estadounidenses, al hablar del tema de la Cicig, deben entonces reiterar la posición de combate al pillaje y a los actos corruptos. Políticamente, el asunto se complica aún más, porque la reacción de la comunidad internacional ha sido contraria a decisiones como, por ejemplo, eliminar policías para vigilar esa institución, dispuesta por el ministro del Interior.

El apoyo a la Cicig ha sido la consecuencia del repudio a la corrupción, y mientras en Guatemala las entidades y principales figuras del sistema no asuman la responsabilidad para contrarrestar ese flagelo, no solo será inevitable la prolongación del drama de la migración, sino también de las llamadas de atención y las visitas de funcionarios estadounidenses para insistir crear condiciones de prosperidad y desarrollo, con miras a evitar la migración irregular. Si no se hacen esfuerzos porque desaparezcan esos atrasos y las acciones ilegales e incorrectas, el efecto negativo se volverá contraproducente y crecerá el reclamo de la diplomacia estadounidense ante la permisividad de las autoridades guatemaltecas.

Sin embargo, este apoyo político, si es solitario, no tiene valor. Si los corruptos son apresados y condenados, se gana mucho. La necesidad de salir huyendo de un país se forja en la falta de oportunidades de empleo, a la vez necesitadas de inversiones cuyo monto sobrepasa la capacidad nacional, lo cual se agrava debido al conservadurismo de lo inversionistas, mezclado con la inestabilidad jurídica. Urge atraer capital extranjero, más acostumbrado a los riesgos. Si Donald Trump se niega a darse cuenta de esto, será imposible parar la migración ilegal, pues la legal será casi cero. Repito: el apoyo político sin un afianzamiento económico no significará nada, al empeorarse las cosas para ambas partes.