En 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas.
La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.
Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos.
Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.
El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3 mil 449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1 mil 982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados.
Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.
El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando “conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios”, algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.
La CIDH expresó su “condena al uso excesivo de la fuerza” y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado, la CIDH pidió, además, a las autoridades chilenas que ordenen “el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Respecto al informe de la CIDH, el Gobierno de Chile respondió que comparte su preocupación y que su compromiso “ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas”.
Así lo destacó un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que el Gobierno valoró también que la CIDH repruebe que en determinadas circunstancias grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones.
