Desde 1929 ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), salvo los dos sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), y los sondeos de opinión dan a López Obrador un apoyo cercano al 50 por ciento, lo que supondría que la izquierda llegaría por primera vez a la Presidencia.
López Obrador ha agrupado en torno a Morena a varias corrientes de pensamiento político, y para los comicios va en coalición con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, este último una agrupación evangélica que ha mostrado una posición muy conservadora en temas como el matrimonio homosexual y el aborto.
El político se mide con el conservador Ricardo Anaya, de la coalición conformada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social, y el oficialista José Antonio Meade, abanderado de la alianza entre el PRI, el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
También participa Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, quien es el primer candidato independiente en participar en unas elecciones presidenciales, gracias a la reforma político-electoral del 2014.
La violencia generalizada, que acumula miles de asesinatos y desaparecidos a lo largo del país, la corrupción y la impunidad suponen los mayores retos para quien se alce como ganador tras la votación.
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De hecho, el lado más oscuro de esta cita histórica lo constituye la violencia durante el proceso electoral (iniciado en septiembre), que se agudizó conforme pasaban los meses.
Hasta ahora, unas 130 personas han sido asesinadas, incluyendo a 27 candidatos, y se han registrado más de 540 agresiones directas a actores políticos, según un informe elaborado por la consultora Etellekt.
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó en una entrevista con EFE que la violencia “está ahí, lastima y complica más la organización, pero no está impidiendo las elecciones”.
“El contexto de violencia no es nuevo, lamentablemente, en nuestro país”, comentó.
Con su voto, los ciudadanos decidirán en manos de quién quedarán los 128 cargos de senadores, 500 de diputados, ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos.
El reto logístico que supondrá una elección de este calibre tendrá como eje vertebral el trabajo de 1.4 millones de ciudadanos que ejercerán como funcionarios en las 157 mil mesas electorales que se instalarán a lo largo del país para recibir y contabilizar los votos.
Para vigilar el desarrollo de los comicios habrá 907 visitantes extranjeros de 60 países.
Destaca la misión de observación por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández e integrada por 60 expertos y observadores.
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El jefe de la misión, la cual se desplegará en 25 estados del país, reconoció que desde la OEA están preocupados por la violencia.
No obstante, están “confiados en que se tomarán medidas y el proceso se llevará a cabo de forma adecuada, con respeto absoluto al derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio”.
El presupuesto de este proceso alcanza los US$1 mil 217 millones, el más grande solicitado por el INE para la organización y financiación de los partidos políticos registrados.
Buena parte del presupuesto fue destinado por los partidos políticos para financiar los casi 59 millones de anuncios en radio y televisión para captar las preferencias de los ciudadanos.
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