Álvaro Arzú Escobar, como presidente del Congreso, presentó denuncia penal contra Manfredo Marroquín, personero de Acción Ciudadana. El argumento formal de la denuncia poco interesa para estas líneas porque eso lo debe conocer el Ministerio Público o el juez. Lo que sí preocupa es el contexto.

Acción Ciudadana (AC) logró, por medio de una acción de amparo, que la Corte de Constitucionalidad (CC) interpretara las reformas legales que este mismo Congreso aprobó respecto del transfuguismo y así fue como se señaló que varios diputados tienen prohibición legal para ocupar puestos en la Junta Directiva, presidir comisiones de trabajo y ejercer cargo alguno que conlleve representación del Congreso. Por supuesto, algunos legisladores pegaron el grito al cielo.

AC, en el sagrado derecho que tiene de libre acceso a los tribunales de Justicia y a ejercer su derecho a la acción judicial, presentó un amparo, y fue la CC la que, en la esfera de su competencia, en auto del 11 de junio del año en curso otorgó la protección provisional y ordenó dejar sin efecto y elegir sustitutos de Sandra Ester Cruz Ramírez, Eva Nicolle Monte Bac, Elza Leonora Cú Isem, Nery Samayoa Barrios, Mike Ottoniel Mérida y Ronald Ramiro Sierra López, como presidentes de comisiones de trabajo, y de Delia Bac, Luis Enrique Hernández Azmitia, José Alejandro de León y Mario Fermín de León Ramírez como jefes o subjefes de bloques legislativos.

El amparo otorgado por la CC sin duda provocó el enojo del presidente del Congreso y presentó, a nombre propio pero en “representación” de ese organismo, la denuncia penal, y esto sí hay que tomarlo como una clara reacción ante el ejercicio de un derecho constitucional, que jamás puede ser limitado por autoridad alguna.

Poco importa si Manfredo Marroquín o Acción Ciudadana es del agrado de una u otro persona. Quien ejerce una acción pero además logra que su pretensión sea reconocida por una corte practica un derecho y punto. En nuestro país, el mal recordado Manuel Baldizón utilizaba asociaciones de cartón para denunciar a periodistas y extorsionar a funcionarios, y a la fecha no se ha movido un dedo para averiguar sobre los tantos personeros y abogados que se prestaron a este juego. En este contexto, es una amenaza a la ciudadanía que el propio presidente del Congreso se moleste en presentar denuncias contra un ciudadano común y corriente por ejercer un derecho y no dice nada sobre quienes presentan denuncias penales por deporte.

Si bien Álvaro Arzú Escobar es quien es y hay que juzgarlo y criticarlo por sus actos, es imposible, por lo menos para este escribiente, dejar de recordar que fue su padre quien en el ejercicio del poder siempre se manifestó contrario a una prensa crítica. Revista Crónica y Guatemala Flash son dos medios que murieron por la inanición financiera que se provocó desde el poder con la comparsa de mucha gente que, quizás contagiada por la amnesia colectiva que aqueja al guatemalteco, olvidó que una República sin prensa y entidades de fiscalización independientes es imposible.

La denuncia del presidente del Congreso, quien también se subió al avión para acompañar al presidente de la República a un viaje pagado por un dueño de casinos gringos que de “buena gente” regaló el tour y “que no tiene de nada malo” —conforme la versión oficial—, se produce cuando el Congreso discute una ley que quiere controlar a las ONG.

Esa denuncia dibuja de cuerpo entero la dinámica del Congreso: minar la fiscalización al Legislativo (y de cualquier otro), reprimir a ciudadanos que ejercen derechos constitucionales, asegurar la consolidación del aparato represivo y, de una vez, echarle un barniz judicial, para así asegurar el éxito.

@Alex_balsells