La administración de los recursos públicos, su uso y fiscalización han sido el eje del avance, estancamiento o retroceso del Estado. Cuando uno de esos engranajes falla, se produce un deficiente desempeño y se favorece la corrupción, característica predominante en la mayoría de instituciones estatales guatemaltecas.

Este complejo modelo ha sido uno de los más deficientes en nuestro medio, y a ello se debe que la corruptela haya alcanzado niveles intolerables, al extremo de que hace una década se debió aprobar la creación de un ente internacional para combatir las estructuras criminales incrustadas en el Estado, de lo cual ahora aflora una abundante pero triste memoria.

En buena medida eso llegó a ocurrir por la inoperancia o la cooptación de instituciones medulares para frenar el avance de la inmoralidad, pero al fallar hicieron necesario que entes externos —como es el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— hayan entrado al rescate de las instituciones y, sobre todo, en el combate de las mafias.

Una de estas entidades nacionales llamadas a velar por el uso responsable de los recursos públicos es la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuya principal labor es auditar el manejo responsable del dinero de los contribuyentes. Esto ha sido cumplido a medias, precisamente porque la designación del titular ha estado históricamente en manos de pactos de corruptos, prestos a frenar cualquier investigación.

Sin embargo, la corrupción alcanzó niveles vergonzosos e intolerables en Guatemala, lo que hizo que principalmente desde el Ministerio Público se iniciara un combate frontal contra la criminalidad en el Estado, y esto condujo a una reacción positiva en la conducción de la CGC, situación que no fue así durante el anterior mandato del actual contralor.

Hoy se ha iniciado un nuevo proceso para elegir al sustituto de Carlos Mencos, quien termina su segundo mandato en octubre. Este caso es digno de señalar, porque la reelección no está permitida; es decir, cualquier segunda vez, pero en una interpretación absurda del término se inventó que se puede aplicar por un excontralor luego de que haya transcurrido un período intermedio. Según el diccionario, significa “volver a elegir”, en cualquier tiempo posterior.

El segundo período de Mencos fue muy diferente al primero, cuando sirvió de comparsa a los grupos mafiosos enquistados en el poder y, al igual que sus antecesores, se hizo de la vista gorda de la creciente corrupción que copaba importantes instituciones, desde las cuales prosperaban mezquinos negocios de los más importantes funcionarios, entre ellos representantes de los más altos poderes del Estado, muchos hoy tras las rejas, a la espera de los procesos relacionados con acusaciones de tráfico de influencias, abuso de poder o enriquecimiento ilícito.

El combate decidido contra la corrupción en los últimos años también condujo a un desempeño más responsable del actual contralor, y aunque dejó muchas dudas, prevalece la imagen de que es posible fiscalizar el manejo de recursos millonarios, y ese debería ser un primer paso para quienes hoy tienen en sus manos elegir a los mejores aspirantes a dirigir la CGC.