Una investigación publicada por Reveal y el Texas Tribune descubrió una demanda que fue presentada ante un Tribunal Federal en abril pasado, la cual denuncia que personal de Shiloh, un refugio privado para menores migrantes en Texas, EE. UU., inyectó drogas psiquiátricas a niños que fueron alejados de sus padres con el único fin de mantenerlos sedados. Según la acusación, los niños quedaban “mareados, apáticos, obesos e incluso incapacitados”.
Testimonios
Padres hablaron con los abogados y señalaron que las drogas les impedían a los niños caminar, y los hacían dormir durante horas, lo cual consta en declaraciones juradas fechadas el 23 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en California.
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“El supervisor me dijo que iba a recibir una inyección de medicamento para calmarme”, dice una niña en la demanda. “Dos miembros del personal me agarraron y el médico me dio la inyección a pesar de mi objeción y me dejaron allí en la cama”.
Una madre relató que su hijo se cayó repetidamente, se golpeó la cabeza y terminó en una silla de ruedas, por culpa del medicamento.
Otro niño dijo que lo forzaron a tomar pastillas tres veces al día, con el engaño de que eran vitaminas porque estaba bajo de peso. Pero él asegura que ahora se siente diferente.
Mientras que a otro le suministraron 10 inyecciones y píldoras diferentes, como medicamentos antipsicóticos, entre ellos Latuda, Geodon y Olanzapina, el componente para el Parkinson Benztropine, los medicamentos anticonvulsivos,
Clonazepam y Divalproex, el fármaco para el dolor nervioso, el antidepresivo Duloxetina y el potenciador de la cognición Guanfacine.
El psiquiatra forense Mark. J. Mills evaluó la denuncia que pesa contra Shiloh, un documento de 420 páginas con registros médicos de niños y declaraciones presentadas en la Corte Federal de California.
El experto ejerce en el área de Washington, DC, y fue testigo experto de una demanda que en 2008 impidió que el Gobierno Federal administrara drogas antipsicóticas a la fuerza a indocumentados en espera de la deportación.
Mills dijo a Reveal: “No tienes que ser un científico experto, parece que están tratando de controlar la agitación y el comportamiento agresivo con medicamentos antipsicóticos. La instalación no debe usar estos medicamentos para controlarlos, para eso no se debe usar antipsicóticos. Eso es lo que solía hacer la antigua Unión Soviética”.
Los efectos secundarios de los medicamentos hacen que algunos niños se sientan aún más desesperados, lo que lleva a la prescripción de medicamentos cada vez más potentes, dijo Carlos Holguín, abogado del Centro para los Derechos Humanos y la Ley Constitucional con sede en Los Ángeles.
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El Centro de Tratamiento de Shiloh es una de los 71 instituciones que recibe fondos del Gobierno Federal para atender a niños migrantes considerados como menores no acompañados. Hasta el momento no ha respondido públicamente sobre la demanda. La Oficina de Reubicación de Refugiados del Gobierno ha guardado silencio.
Más denuncias de abusos
Shiloh no es el único centro que es señalado de abuso contra niños y adolescentes migrantes que son separados de sus padres.
El centro Juvenil Shenandoah Valley, en Virginia, es acusado de golpear, colocar bolsas en la cabeza a los menores, desnudarlos y dejarlos en celdas frías, entre otras acciones crueles, según publica la prensa internacional.
Las denuncias se detallan en documentos judiciales federales, en las cuales seis menores en declaración jurada relatan el trauma de llevar grilletes y estar encerrados en aislamiento por días, pero también la tortura que pasaron durante meses y hasta años.
Una joven honduraña relató que guardias les quitaban la ropa, los amarraban en una silla y les cubrían la cabeza con una bolsa. Aunque tenía agujeros para que pudieran ver a través de ella, sentían que no podían respirar.
También se describen huesos rotos y facturas causadas por los guardias de seguridad que arremetían contra los menores latinos con frases insultantes.
Varios de los niños enviados al centro fueron acusados de ser parte de la pandilla MS-13, un hecho que para el gobierno de Trump justifica la represión.
La demanda la presentó la ONG Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs. Los abogados de la institución han negado las acusaciones.
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