Los sucesos desencadenados tras la erupción del Volcán de Fuego han hecho que los guatemaltecos olvidemos el entorno político cercano. Ha quedado en peligroso segundo plano la sangrienta represión a que el gobierno de Daniel Ortega tiene sometidos a los nicaragüenses, lo cual tiene impacto sobre la región.

Además de la cercanía geográfica e histórica, varios hechos unen a ambos países en la actualidad, como los modelos de gestión de la guerra y la paz, ocurridos ambos sucesos durante la Guerra Fría. Han sido esos momentos y lo de otras tragedias, como los terremotos en Nicaragua y en nuestro país, los que han estrechado lazos históricos.

Si bien los hechos en nuestro país ocupan merecida y sobradamente nuestra atención —por la proximidad y las consecuencias derivadas de la gestión, dada la emergencia— es hora de llamar la atención sobre los sucesos violentos ocurridos en torno al sostenimiento a sangre y fuego del régimen orteguista.

En esta larga crisis se han superado todos los parámetros de brutalidad de los totalitaristas como en Venezuela, y los bestiales mecanismos de represión usados en los conflictos internos de El Salvador y Guatemala palidecen hoy ante lo que vive la patria de Rubén Darío.

El silencio de las instancias nacionales, regionales y hemisféricas los convierte en tácito cómplice de la represión. Ni el Sica —cuya secretaría general está encomendada al exmandatario guatemalteco Vinicio Cerezo— ni la OEA ni la ONU han hecho nada contundente para detener el baño de sangre.

La pasividad con que actúan, en general, los organismos mencionados y otros similares hacen pensar en que la región y el continente han dado la espalda al pueblo y a los hechos ocurridos, porque en apariencia hay alguna afinidad ideológica o de amistad entre Ortega y quienes encabezan dos de esas entidades.

Ciertamente, hay que respetar el derecho de libre decisión de los pueblos, y no se puede respaldar una intervención extranjera, pero mucho menos admisible es distraer la atención de un escenario que, por político y cercano, debe estar dentro de la agenda diaria del país y sus grupos organizados.

Vinicio Cerezo debe explicar la insulsa postura de la Sica. Las discretas comunicaciones y la complaciente postura de vivir y dejar vivir deben ser enmendadas. La crisis que el gobierno de Managua pretende sofocar a balazos nos terminará por alcanzar, bien sea con el contagio de la animadversión popular o por un inesperado flujo de inmigrantes.

Las urgencias nacionales no deben minimizar aquellos eventos. Dejar solo al pueblo nicaragüense para que enfrente sin armas a los esbirros del orteguismo —sin duda, peores que los somocistas en su momento— es negar la esencia de nuestra fe en la democracia y la ley.

No es suficiente una declaración esporádica para buscar la conciliación, sino debe avanzar un esfuerzo político y diplomático para forzar a que se suspenda el baño de sangre y se busque un escenario viable de negociación. Ortega debe sentir que a sus vecinos no les agrada la muerte por represión contra los ciudadanos de ese país.