“Si Chile cae, cualquier país en la región puede caer”, afirmó un amigo. Una amiga venezolana lamentó el escaso impacto que tienen las advertencias que ella y sus compatriotas hacen respecto de la revolución bolivariana: pocos recordamos que Venezuela fue tomada hace 21 años empleando un discurso y método similar. Un meme que circuló hace unas semanas advertía de algo así como que migrar dentro de América Latina es como cambiarse de camerino en el Titanic. ¿Por qué América Latina es tan volátil? ¿Qué significa el desplome de Chile?

Evidentemente, los países de la región son vulnerables a actos terroristas. La destrucción concurrente de 12 estaciones de metro, la quema de decenas de buses, las barricadas y la violencia de los encapuchados: no son sucesos espontáneos. Es terrorismo. Vaciar supermercados y almacenes de mercadería, y destruir irreparablemente negocios, iglesias y otros bienes ajenos, también es terrorismo. Las protestas han dejado por lo menos 23 muertos, 2,365 hospitalizados y 14 mil encarcelados, según la agencia Reuters. El daño a la propiedad pública y privada asciende a más de $3 mil millones. Una cosa es somatar ollas para protestar la tarifa del transporte público, y otra muy distinta es dicho salvajismo sangriento, que sabe tomar ventaja del descontento popular. Debemos distinguir entre el malestar social y las acciones delicuenciales de unos criminales. No debemos tratar al victimario como una víctima oprimida por el status quo.

Entre la espada y la pared, el gobierno de Sebastián Piñera pierde si “reprime” a los “manifestantes”, si pide perdón, si abre la puerta al diseño de una nueva Constitución, y también si fracasa en la defensa de los derechos de propiedad de sus ciudadanos productivos, y si reafirma su fe en la libertad económica, que por cierto, es titubeante. El terrorismo ganó al retratar a Piñera como un gobernante débil e impopular. Ganó al poner en entredicho la institucionalidad política y económica.

Chile cae, porque hoy es el país latinoamericano con el segundo punteo más alto en el índice de estado de Derecho. Supera a sus vecinos en los límites al poder gubernamental, a la corrupción, y el orden y la seguridad, entre otros. En el 2019, Chile se coloca en la primera casilla de la región en el índice de calidad institucional y el índice de libertad económica.

¡Qué tristeza! ¡Malhechores destrozan y algunos ciudadanos menosprecian la arduamente labrada institucionalidad chilena!
Algunos sentencian que la desigualdad económica entre los chilenos alimenta la zozobra sociopolítica. Personas bien intencionadas quisieran emprender una redistribución estatal a gran escala, una especie de socialismo rosa, para anticipar o ahogar los intentos revolucionarios radicales. No dimensionan las consecuencias empobrecedoras que tales medidas tendrán en el clima de innovación, productividad e emprendimiento que trajo el bienestar a dicho país. Además, la peor desigualdad de todas es aquella producida por la ausencia de un estado de Derecho imparcial.

Chile, y América Latina en general, pierde décadas con cada sangriento retroceso hacia el socialismo. La solución no es una revolución que arrasa con estructuras capitalistas, ni la redistribución forzada. Sí debemos eliminar el rentismo oportunista y mercantilista y los privilegios dispensados por el poder político. Debemos reducir la excesiva regulación, la engorrosa burocratización, la corrupción y los elevados índices de inseguridad. América Latina necesita más estado de Derecho y más libertad de mercado. La libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos merece garantías, ante todo para las familias más pobres, para que puedan salir adelante con dignidad.