Solamente un día después del entierro de Claudia Patricia Gómez, la joven migrante de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, asesinada por un patrullero gringo en la frontera de los Estados Unidos, volvemos a ver de cerca otras muertes que nos interpelan. Nuevamente un fenómeno natural en un país como el nuestro se cobra la vida de compatriotas que tienen con Claudia un denominador común: la pobreza y la exclusión de sus familias y de las comunidades en las que les tocó nacer.

Lo ocurrido con Claudia, que intentó abrirse un camino en Guatemala y no lo consiguió, y lo que pasó el domingo con decenas de niños, niñas, jóvenes y adultos de las áreas aledañas al Volcán de Fuego que murieron quemados y soterrados, o están heridos o desaparecidos, nos habla de la clase de sociedad que somos. Una que expulsa a su niñez y juventud por falta de oportunidades, por violencia y por la negación de sus derechos más elementales; una que condena a las grandes mayorías a la muerte porque su situación de vulnerabilidad les coloca en un peligro permanente. Una donde hay un grupito que lo tiene todo a costa de que miles estén sumidos en la miseria; desigualdad que le dicen.

En la portada de Prensa Libre del sábado 2 de junio había una pregunta desgarradora: ¿Es Guatemala el peor país para ser niño? La nota de Andrea Orozco nos daba la respuesta. De acuerdo con un estudio de la organización Save The Children, el nuestro es el peor lugar de América Latina para nacer y crecer. De 28 países evaluados, Guatemala está en el último puesto cuando se analizan las amenazas que afectan a las niñas y a los niños: exclusión en los servicios de salud y educación, trabajo infantil, matrimonio y embarazo adolescente y violencia extrema —hasta marzo de 2018, 126 pequeñas/os murieron decapitados, estrangulados, víctimas de la violencia armada y de armas blancas—.

Es más, “Guatemala se caracteriza por la discriminación contra las niñas”, resalta el documento, que habla también de la tasa de mortalidad infantil (30%, según datos de la última encuesta de salud materno-infantil) y de cómo de cada 10 niños/as que se ven obligados a trabajar, solamente tres reciben un pago. Este es el rostro de un sistema construido sobre la base de los privilegios de las élites, sobre el racismo y la exclusión. Esta es la cara detrás de la migración forzada de miles de niños, niñas y adolescentes que huyen de la tragedia de haber nacido pobres y chapines.

La OIM reportó en 2017 la muerte de 249 migrantes en la frontera entre México y EE. UU. Hasta marzo de 2018 se registraron 77 muertes y 18 desapariciones. Solo en 2017 fueron capturados 14 mil 827 niños, niñas y adolescentes no acompañados que salieron de un país que los expulsa, los estigmatiza y los excluye a otro que también les discrimina y les trata con violencia.

No son pobres porque quieren. Tampoco se van porque quieren, los estamos echando. ¿Y qué hace la institucionalidad pública para protegerles? ¿Qué la cancillería y la presidencia, que no tienen tiempo más que para su pleito personal con la Cicig? ¿Qué, como sociedad, además de las campañas de acopio de víveres cada vez que ocurre una tragedia?

Nada de fondo, todo puro maquillaje hasta que la realidad nos estalla en la cara otra vez. Si no fuera por misioneros como los que sostienen las casas del migrante, por organizaciones que atienden a pequeñas víctimas de violencia o por aquellas que activan la solidaridad en momentos críticos, la situación sería —porque se puede— aún peor. Nos dueles, Guatemala.

@MarielosMonzon