Lo que debería ser un acto lleno de solemnidad y de compromiso, por el fortalecimiento de las instituciones, se convirtió ayer en una nueva acción de desafío por parte del presidente Jimmy Morales, quien durante su discurso en la conmemoración de los 33 años de haber sido promulgada la Constitución, arremetió, una vez más, en contra del jefe antimafias de Naciones Unidas en Guatemala.

Si las circunstancias por las que atraviesa el país no estuvieran marcadas por un intenso proceso por erradicar la corrupción y reducir los altos indicadores de impunidad, el discurso del mandatario podría haber sido uno más. Pero sus palabras adquieren particular relevancia en este momento, porque él mismo, varios de sus allegados y otros altos representantes de los otros poderes del Estado están sindicados de ilícitos.

Es claro que nadie es superior a la ley, como enfatizó Morales, pero eso no solo empieza por él y por quienes lo rodean y lo hicieron presidente, sino que debe ser parte de un proceso sostenido que surge precisamente de los más altos representantes de poder, quienes con una conducta sin tachas deben fortalecer lo establecido en el pacto social que rige la convivencia entre guatemaltecos.

Más bien el mandatario aprovechó para arremeter contra quienes no encajan en su particular interpretación de lo legal, y aunque no citó nombres era claro que se refería al comisionado Iván Velásquez y al embajador de Suecia, contra quienes enderezó acciones muy poco amistosas y cargadas de sospechas, que incluso debieron ser frenadas por amparos en la Corte de Constitucionalidad.

Es evidente que quienes siguen manipulando la presidencia volvieron a colocar en una situación incómoda a Morales, pues sus palabras altisonantes en poco contribuyen a darle la debida interpretación a la última resolución de la CC, que le sugiere hacer los correctivos que desea hacer, de manera amistosa, atendiendo el espíritu de la Constitución y del claro mandato de actuar en nombre de la unidad nacional y no desde la perspectiva de un reducido grupo de personas acosadas por la justicia, entre las cuales parece cundir una justificada y profunda preocupación.

Ni siquiera era necesario que extendiera su lista de objetivos hacia la ex fiscal general o al procurador de Derechos Humanos, porque no es por ese lado donde se percibe el escamoteo a la justicia. En todo caso ha sido del lado oficialista de donde surgen esfuerzos por someter al sistema a las perversas intenciones de un grupúsculo enquistado en el poder.

Los constantes alardes de prepotencia en los que incurre el mandatario, en todo caso recuerdan las últimas horas de la presidencia de Serrano Elías, cuando había empezado a quejarse de todo, porque según él era chantajeado por representantes de varias entidades, lo cual terminó con un correctivo histórico, fundamentado en la solidez de importantes instituciones nacionales.

Morales debe abandonar el discurso confrontativo y aplicar sus propias palabras al someterse al imperio de la ley y no confundirse con los interesados respaldos que recibe de sectores que en su figura han encontrado un apoyo a la prolongación del abuso en el poder y el allanamiento al tráfico de influencias.