Europa, Estados Unidos y ahora América Latina viven bajo la sombra de uno de los movimientos más destructivos de la historia de la Humanidad. El fascismo revivido hace estragos con cualquier intento de humanizar las políticas de los Estados y carcome el alma misma de las sociedades, creando una ola de rechazo por todo lo considerado “diferente” y segregando a los grupos más pobres como si fueran estos los culpables por todos los males del planeta.

En ese ambiente de desprecio y represión contra las personas por motivos de etnia, religión, nivel socio económico o simplemente por hablar otro idioma, son los cuerpos de choque —uniformados o mercenarios— quienes realizan la tarea de hacer saber cuáles son las reglas del juego. Por esas reglas de la discriminación y el racismo es como niñas, niños, hombres y mujeres del triángulo norte de Centro América sufren persecuciones, violaciones, tortura y muerte, por la sola audacia de haberse atrevido a cruzar fronteras que supuestamente los llevarían a encontrar mejores condiciones de vida. Así fue como una jovencita de apenas 20 años —Claudia Patricia Gómez González— perdió la vida de un balazo en la cabeza disparado por un guardia fronterizo al ingresar a territorio estadounidense.

Claudia Patricia encontró la muerte por mandato desde la cabeza misma del imperio, desde el momento que el presidente del país más poderoso del planeta emprendió la misión de “limpiar” su territorio de latinos y toda clase de extranjeros “indeseables” para sus planes de imponer un estilo fascista de gobierno. Al parecer ignorante de su propia historia, este mandatario se ha empeñado, con una persistencia digna de mejores causas, a la tarea de transformar a la sociedad estadounidense en una especie de modelo de su concepto de comunidad en la cual no tiene cabida la diversidad.

Claudia Patricia no encaja en el perfil aceptable para las leyes de inmigración de Estados Unidos. Tampoco encajó en los grupos objetivo de los planes de desarrollo de su país, Guatemala, en donde no tuvo oportunidad de tener acceso a una educación de calidad que le permitiera progresar en la vida. De haberla tenido, hoy probablemente viviría. En su pueblo, San Juan Ostuncalco, tal y como suele suceder en las áreas rurales guatemaltecas, los servicios estatales son deficientes; la población carece de agua potable, letrinas y cobertura educativa suficiente para una población en creciente aumento, con niveles inaceptables de pobreza y abandono.

Así como ella no encajaba en los planes de su gobierno, tampoco lo han hecho los miles de niños, niñas y adolescentes migrantes desde estas tierras, quienes atrapados en una cadena de horrores desde su nacimiento y ávidos de encontrar una ruta hacia el futuro, se lanzan en una aventura demencial. De ese desfile interminable hacia la tierra de la abundancia son pocos quienes logran su cometido. Muchos quedan en el camino sometidos a los más atroces abusos por las organizaciones criminales, dedicadas —con complicidad de las autoridades de todos los países involucrados— al muy productivo negocio de la trata de seres humanos. Otros, simplemente, son víctimas de su propia fragilidad y quedan tirados en el desierto, ahogados en los ríos durante una travesía para la cual nunca estarían preparados o muertos de un balazo, pero sin quien registrara el hecho para denunciarlo.

De este lado del continente su familia la llora y las redes hierven de justa indignación por este absurdo hecho de sangre. Las autoridades, por su parte, muy atareadas en luchar contra la Cicig para poner atención a este “hecho aislado”.

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