El abogado Rotman Pérez, en representación de Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, comentó que la aprobación de la ley de la carrera judicial garantiza el proceso de evaluación y trazó una ruta importante que incluye plazos perentorios para el sistema de justicia.
“La resolución del 15 de noviembre, del juzgado 14 del ramo civil, considera que se debe aplicar por igual la norma a los litigantes y a los que tienen cargo en el OJ. Sin embargo, a los jueces se les aplica un régimen específico, pues la ley del OJ los considera parte de la carrera judicial”, explicó Rotman.
El abogado concretó que las peticiones que hacen para que la CC resuelva se centran en que se revoque el fallo del juez, quien confunde algunos de los procesos de evaluación del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y de las comisiones de postulación y al de los litigantes y de los jueces, para que se continúe con la evaluación, pide que se provea el reglamento para ese proceso y que la se pronuncie para ordenar el procedimiento, “porque las comisiones no pueden hacerlo por sí solas”.
Luego de citar sentencias anteriores de la CC, Rotman dijo que “suprimir la evaluación del desempeño atentaría contra el deber de rendición de cuentas de los funcionarios judiciales tienen hacia la población guatemalteca”.
Rotman recordó que la nómina de candidatos a CSJ y de Apelaciones debe ser integrada con personas idóneas,
Siguió el turno del presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, quien expuso que el consejo es un órgano técnico, rector de la carrera judicial, pero no cuenta con independencia financiera para actuar.
Guerra explicó que la unidad de la evaluación del desempeño debe evaluar a 286 jueces y magistrados que han manifestado interés en postularse a una magistratura y para ello requiere por lo menos de 90 personas. “No se puede solo contratar personal ni dotar de recursos, eso lo hace la CSJ, de cuya voluntad depende el Consejo”, expresó.
A pesar de lo anterior, el presidente dijo que están en la fase de contratar expertos externos que evalúen las sentencias de los magistrados y otros aspectos.
En cuanto al reglamento de la ley, Guerra señaló que el Consejo acató la resolución de la CC y estableció el acuerdo 1-2019 (disposición por única vez para evaluar a jueces y magistrados), pero fue rechazado por la CSJ e impugnada por un amparo.
“La obligación del Consejo de evaluar jueces y magistrados está condicionada a elementos que la ley establece: reglamentación, elementos técnicos, certificación de instrumentos de evaluación y dotación de recursos humanos, técnicos y financieros para que la unidad específica haga su trabajo. Ninguna de estas cosas depende del Consejo, por ello es que no es procedente decir que hay negligencia o incumplimiento de deberes, omisión o abuso de autoridad por la no implementación aún de la evaluación; existen otras circunstancias que agravan la problemática”, manifestó Guerra.
Al final de la audiencia, la fiscal Hilda Toledo Barrios, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y Exhibición Personal del Ministerio Público, expresó que no comparte el criterio del juzgado que decidió denegar el amparo a la Fundación Myrna Mack y exhorta al Consejo a la emisión del reglamento de la carrera judicial.
Dijo que en un fallo anterior, “la Corte de Constitucionalidad se pronunció y señaló que en 48 horas se debía requerir al Consejo que, inmediatamente, es decir, sin tardanza, cumpla el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial. Para cumplir con esto, indicó, el Consejo debe acatar la evaluación de jueces y magistrados, y evaluación del desempeño, acorde a estándares nacionales e internacionales, tomando en cuenta disciplina, ética, gestión, aspectos académicos, evaluación interna y externa”.
Toledo Barrios exhortó a los magistrados a agilizar el proceso de evaluación de candidatos a magistrados. “La Fiscalía considera que en 30 días se deberían entregar los expedientes de las evaluaciones efectuadas a las postuladoras, por lo que el Ministerio Público pide que se otorgue el amparo y se revoque el fallo del juez”.
La CC aún debe resolver la apelación de la Fundacion Myrna Mack y con este fallo podría determinar el futuro del proceso de postulación de magistrados y, posiblemente, desentramparlo.
Alternabilidad
Luego de la audiencia, Prensa Libre consultó a algunos expertos del tema para que analizaran el impasse en el que se mantiene la elección de magistrados de CSJ y Apelaciones.
El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina, indicó que el puesto de magistrado en esa institución es codiciado y eso se demuestra con la postulación de más de mil 500 juristas, aunque solo hay 13 puestos.
Según el experto esto haría que haya falta de interés de los magistrados para que se avance con la nueva elección. “Estar ahí les da una posición y el ingreso es bueno, además de tener la posibilidad de hacer cambios. Una muestra de ese interés por llegar a la Corte Suprema de Justicia es que durante la elección hay presiones de grupos de interés”, dijo.
Fernández Molina reitera que los magistrados siguen en su puesto y esto es legal porque así lo dijo la Corte de Constitucionalidad, pero no es correcto, por lo que se deberían hacer todos los esfuerzos por corregir los errores que se presentan.
El exmagistrado dijo que las evaluaciones a los candidatos podrían tardar hasta dos años, por lo que el periodo de los electos sería de dos años y medio y si no se modifican las leyes que tienen entrampado el proceso pasaría lo mismo en la siguiente elección.
Además, dice Fernández Molina, la CC está llamada a desentrampar el proceso pues su función es la defensa del orden constitucional ya que todos los días este se corre y el sistema judicial pierde la confianza de lo guatemaltecos.
“Para los magistrados de la CSJ el papel de víctimas ya pasó y si no toman una actitud proactiva, pasarán al papel de aprovechados”, manifestó.
El retraso en la elección dela CSJ se debe a la falta de voluntad política de parte de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial y de los magistrados, afirma Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
La activista dice que el consejo no puede alegar falta de capacidad y de personal, pues tuvo dos años para implementar la evaluación; en cambio, se queja de eso ahora que se debe dar la elección. “Ya deben haber negociaciones y acuerdos para que esta corte continúe por tiempo indefinido y eso no puede ser”, asegura.
Muralles dice que a la población le afecta que no haya una renovación de un organismo tan importante y que, aunque la CC dijo que legalmente pueden permanecer en el cargo, los actuales magistrados no pueden “eternizarse por dos o cinco años más”.
Además, la activista dice que la actual CSJ ha tenido un “papel pésimo”, la mayoría “ha cometido prevaricato y es urgente que se cambie”.
Proceso detenido
Las comisiones de postulación de magistrados para CSJ y CA suspendieron sus labores hace un mes ante la falta de certeza y por los fallos y apelaciones pendientes de resolver como el de la Fundación Myrna Mack. Mientras tanto, los actuales magistrados han extendido su mandato por 47 días, pues el 13 de octubre pasado debieron asumir los nuevos funcionarios.
El trabajo de las postuladoras estaba en la fase de calificación de expedientes con las tablas de gradación que cada comisión aprobó, pero ese proceso se anuló luego de que la CC ordenó que se repitieran algunas designaciones de comisionados, por irregularidades en la forma en que se hicieron estas, y que el proceso de la postuladora de CSJ empezara de nuevo desde cero.
De esa cuenta, las nóminas no se integraron y no llegaron al Congreso de la República para la elección respectiva. Será la nueva legislatura la encarga de seleccionar a los más altos funcionarios judiciales, luego de que se desentrampe el proceso de postulación y pueda avanzar.
Los procesos de postulación de magistrados para CSJ y CA ha sido accidentados en los últimos 10 años, tiempo durante el cual han habido diversas impugnaciones y acciones que han frenado, anulado y ordenado que se repitan, e incluso, ya electos, algunos magistrados no asumieron los cargos, por supuestas denuncias en su contra.
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