“Encontramos una situación más compleja de la que imaginábamos”, coincidió el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
En conferencia de prensa en Washington tras finalizar el lunes último una misión para investigar la violencia desatada desde el 18 de abril en Nicaragua, ambos destacaron la “crisis instalada” por las manifestaciones en todo ese país contra el gobierno de Daniel Ortega.
Urrejola, que participó vía Skype desde Chile, señaló “un ambiente generalizado de inseguridad y falta de confianza en las instituciones”.
Abrao, en tanto, dijo que la CIDH constató “un padrón de violencia y represión” de las protestas y subrayó un “ambiente de intimidación, de amenazas”.
“Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía representar en sus vidas”, dijo, aunque la delegación regresó con “maletas llenas” de documentación recabada.
“Es fundamental ahora que tengamos la capacidad de visibilizar lo que encontramos”, consideró Abrao.
En su informe preliminar, la CIDH reveló “graves violaciones a los derechos humanos” caracterizadas por “un uso excesivo” de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las protestas.
Además, incluye “varios testimonios (que) hablan del uso de francotiradores” en Managua y Matagalpa (norte), lo que indica “la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”.
La CIDH documentó 76 muertos en el contexto de las manifestaciones, incluidos agentes policiales. Además, constató 868 heridos, de los cuales cinco están hospitalizados graves, y 438 detenidos, entre estudiantes, población civil, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Este informe ayuda a sistematizar informaciones que no estaban integralmente disponibles para la opinión publica de la comunidad internacional”, dijo Abrao.
CIDH considera prioritaria una investigación internacional
La CIDH considera “prioritaria” la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua en medio de protestas contra el Gobierno de Ortega que han dejado al menos 76 muertos.
Esa “es una de las recomendaciones prioritarias y requiere ser implementada a la mayor brevedad”, afirmó la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola
“A nuestro juicio los temas de la justicia y la identificación de los responsables de los actos de violencia son un tema prioritario y fundamental para restablecer cierta confianza y avanzar en el resto de las recomendaciones”, añadió la chilena Urrejola, que encabezó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país entre el viernes y el lunes recién pasados.
La comisionada pidió la participación de la sociedad civil y las víctimas en esa investigación internacional.
Urrejola sostuvo que durante la visita de trabajo de la CIDH “encontramos graves violaciones a los derechos humanos, un clima muy polarizado y a las víctimas y sus familiares muy atemorizados, además de un ambiente de desconfianza”.
Una de las cosas que más le llamó la atención a nivel personal fue “la sensación de miedo de las víctimas por recibir hostigamiento de agentes estatales y de terceros no identificados, y la falta de confianza en la institucionalidad porque no saben a dónde acudir”.
“Me sorprendió su estado anímico de miedo y su inseguridad al sentir que no hay instituciones donde pueden ir y sentirse seguros”, agregó.
La experta consideró “muy importante” el acuerdo de la mesa de diálogo, instalada por el Gobierno y representantes de la sociedad civil y que cuenta con la mediación de la Iglesia, “de hacer suyas las recomendaciones”, un total de 15, “del informe preliminar de la CIDH”
“Esperamos que a partir de eso podamos concordar con el Estado un plan de seguimiento que implique una nueva visita para la implementación, y ver cómo vamos cumpliendo en el mediano plazo las recomendaciones”, indicó.
Recomendaciones de la Comisión
Entre las recomendaciones de la Comisión están el cese inmediato de la represión, el respeto a la protesta, la creación de un mecanismo de investigación internacional y desmantelamiento de los grupos parapoliciales.
La abogada chilena anunció que si reciben la anuencia del Gobierno para hacer una nueva visita, realizarán “un seguimiento de las recomendaciones para ver cómo se materializan a través de un acompañamiento junto con el Estado, la sociedad civil y las víctimas y sus familiares para que sean una realidad concreta”.
La representante de la CIDH afirmó que los 76 muertos “fue una cifra que nos dio el propio Estado en el contexto de las protestas”, por lo que incluye tanto a las víctimas que murieron por impacto de bala como a las personas que perdieron la vida por otras circunstancias durante la crisis
Respecto al posible incremento de víctimas, la comisionada recordó que al tratarse de un informe preliminar “tenemos que cotejar las información que recibimos de la sociedad civil con la del Estado, por lo que la cifra exacta se plasmará en el informe final”.
Urrejola comentó que “no corresponde hablar de genocidio” por los hechos recientes en Nicaragua, y reiteró que “de lo que sí podemos hablar es de una grave violación a los derechos humanos por el uso desmesurado de la fuerza por parte de policía y grupos parapoliciales con resultado de muerte y lesiones (…) entre otras violaciones consignadas en el informe preliminar”.
La relatora mostró su esperanza en que se cumpla las recomendaciones ya que “es parte de una obligación contraída por el propio Estado de forma voluntaria de un conjunto de tratados internacionales suscritos y del Sistema Interamericano, por lo que hay un principio de buena fe que dice que esas obligaciones tienen que cumplirlas”.
En caso contrario, recordó que el informe se daría a conocer a la opinión pública y se le entregaría a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) “que también eventualmente puede hacerlo suyo si así lo deciden”.
“Por otro lado tenemos un mecanismo permanente de monitoreo, el sistema de petición de casos y nuestro informe anual en que determinamos cuando se da una violación de los derechos humanos”, concluyó.
Nicaragua cumple este miércoles 36 días de una crisis que se ha cobrado al menos 76 muertos y 868 heridos, según cifras de la CIDH.
Obispos urgen a crear un mecanismo de investigación internacional
El Episcopado nicaragüense, mediador y testigo de un diálogo nacional, urgió al presidente del país, Daniel Ortega, a crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua en medio de las protestas contra el Gobierno que han dejado al menos 76 muertos.
“Nosotros le urgimos el cumplimiento del numeral 3 de las recomendaciones de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua”, instó la Conferencia Episcopal de Nicaragua en una carta enviada al mandatario y leída en la mesa del diálogo.
Gobierno denuncia intento de golpe de Estado
El Gobierno de Nicaragua denunció un intento de “golpe de Estado” en la reanudación de la mesa de diálogo nacional, en la que se planteó este miércoles una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.
Esta agenda es “el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno”, afirmó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tras comentar una propuesta presentada en ese foro, de 40 puntos.
Dicha propuesta, que recoge los planteamientos recibidos por los diferentes sectores representados en el diálogo, incluye una reforma constitucional que sea aprobada este año y ratificada el 10 de enero del 2019, y que un nuevo Consejo Supremo Electoral convoque a elecciones generales en el primer trimestre de ese año, lo que supondría un adelanto de las presidenciales previstas en el 2021.
La iniciativa fue incluida en una agenda de discusión presentada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su calidad de mediadora del diálogo nacional, que celebra este miércoles su tercera sesión.
“Esto no es una agenda consensuada, es una agenda impuesta unilateralmente porque nosotros no la aceptamos”, clamó Moncada.
La posición del Gobierno es que su contraparte, en este caso los dialogantes del sector privado, sociedad civil, campesinos y estudiantes, desconocen no solo al Ejecutivo, sino también a la actual Asamblea Nacional.
En la propuesta también se exige como salida a la actual crisis política que se elijan nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral “por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado”.
El obispo Jorge Solórzano declaró este miércoles que “no estamos haciendo agenda, estamos recibiendo los diversos puntos, las diversas opiniones, y los presentamos en la mesa, es la población la que nos hace la agenda”.
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