“No tengo ni dinero, ni partido político ni formación política, pero si encuentro una plataforma donde pueda estar la derecha, la izquierda, las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos que nunca han tenido acceso a una sociedad en condiciones de igualdad, sí me gustaría participar”, confiesa.
“La política partidista de Guatemala es la que ha diseñado este sistema de corrupción que todavía está”, afirma Aldana, quien durante los cuatro años que estuvo al frente de la Fiscalía que investigó por corrupción a importantes personalidades de su país, como el actual presidente, Jimmy Morales, y los expresidentes Álvaro Arzú y Otto Pérez Molina, al que forzó a renunciar.
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Fue Fiscal General desde 2014, su última actuación en el cargo fue el pasado 15 de mayo, cuando citó a declarar a cinco empresarios por presunta financiación ilegal de US$ 1.2 millones al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que en 2015 llevó a la presidencia a Morales.
Además, mencionó la posibilidad de un nuevo antejuicio (desafuero) al presidente.
“Por nuestras investigaciones, hay material suficiente para presentar antejuicio contra el presidente de la República”, afirma la exfiscal general, quien ya fue investigado por presunta financiación irregular en la campaña electoral de 2015 que le llevó al poder.
Aldana insiste en que “nunca vio” en el mandatario “un aliado contra la corrupción”.
Por el contrario, sí reconoce el trabajo que ha hecho la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la colaboración que ha mantenido con su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez, de quien dice que ha dejado al país una “huella imborrable”.
Esa Comisión, un organismo creado por Naciones Unidas, está en marcha en Guatemala desde 2007, pero concluye su mandato en septiembre de 2019 y su prórroga está en el aire, después de las reiteradas críticas del presidente Morales.
Aldana, que define la corrupción de su país como “sistémica”, afirma que es “fundamental la prevención”, a la vez que destaca “el nexo que existe entre corrupción y pobreza“.
“La corrupción es un freno a la economía y al desarrollo de un pueblo e incide en la pobreza de una manera evidente”, dice.
La jurista guatemalteca, comprometida con los derechos de las mujeres, ha sido pionera en la puesta en marcha de una justicia especializada en esta materia, mediante la creación, por ejemplo, de la fiscalía contra delitos de feminicidio.
No obstante, reconoce que el gobierno tiene una tarea pendiente, que es apoyar a las víctimas, cosa que, en su opinión, sí hace la sociedad civil.
“Salir del círculo de la violencia no es fácil. Tiene que haber un acompañamiento”, señala.
En cuanto a otra violencia que sufre Guatemala, la de las maras o pandillas, destaca la importancia de la colaboración con Estados Unidos y México, así como con los vecinos El Salvador y Honduras, que junto con Guatemala conforma en llamado Triángulo Norte.
Pero considera que, además de combatir esta violencia mediante actuaciones judiciales, el Estado debe involucrarse en el apoyo a los jóvenes para que no entren en las pandillas.
“Faltan políticas de Estado para darles un proyecto de vida y las maras aprovechan ese vacío”, advierte Aldana, quien se encuentra en Madrid donde hoy dictará una conferencia titulada “Fortalecimiento de la democracia: lucha contra la impunidad y la corrupción”.
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