Abiertamente señalado por los Estados Unidos como una narco dictadura, con un rechazo lapidario de 8 de cada 10 venezolanos, una hiperinflación de 13,800 por ciento; el nivel de producción petrolera más baja en 30 años; con muchos de sus ciudadanos comiendo de basureros; los hospitales en crisis, sin medicinas y en una situación tan caótica que ha generado la llamada  “gran diáspora bolivariana” calculada en el éxodo  4 millones de venezolanos, Nicolás Maduro se reelige con un anticipado “no reconocimiento” de la mayoría internacional.

Lo hace con la ayuda de Henri Falconi, el principal candidato opositor, y Javier Bertucci, quienes con su participación legitimaron las elecciones más abiertamente manipuladas en la historia de Latinoamérica.

Mientras escribía esta columna el domingo, los comandos de campaña de Falconi y Bertucci, en conferencia de prensa transmitida por internet, —porque desde hace años cerraron los medios de comunicación libres— señalan “abusos de poder, ventajismo e irregularidades”. Como si esto no hubiese sido un naufragio electoral anunciado reiteradamente por el movimiento opositor Frente Amplio, que llamaba a la abstención en este proceso electoral, precisamente, por ese poder estatal perverso a la disposición del fraude.

El resultado de este circo del siglo veintiuno se predecía, porque cuando en el sistema republicano se pierde la separación de poderes, se cumple lo que Montesquieu señalaba hace cientos de años sobre el abuso de poder y los efectos que causan la carencia de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.

En Venezuela, el Estado, abusando del poder y sus facultades coercitivas ha convertido el sistema republicano en una caricatura de fachada, en la que jueces, diputados, magistrados, ejército, burócratas están al servicio de la dictadura que irrespeta la vida, la propiedad, la libertad y el derecho del ciudadano.

De este lado del río se perciben preocupantes señales en Guatemala, con una Corte de Constitucionalidad centrada en el manejo político de los derechos constitucionales, dándole trámite a amparos espurios en forma rápida, pero retrasando otros que afectan la propiedad privada, el empleo y la certeza jurídica de las inversiones, —como el caso Oxec y el de la mina San Rafael, que se encuentra ahora en manos del magistrado Boanerge Mejía, quien ha incumplido con los plazos establecidos.

¿Y qué decir de los campos de concentración bajo la tutela estatal en donde la mitad de los recluidos del sistema penitenciario se encuentran en prisión preventiva más allá de los plazos máximos que la ley determina? Ninguno de los amparos sobre violaciones de derechos constitucionales prospera en esta Corte de Constitucionalidad.

El Procurador de los Derechos Humanos, resultó ser un activista al servicio de grupos ideológicos afines en clara violación de su mandato y en un triste recordatorio que esa posición no sirve sino para promover causas de esa índole. Sus actividades publicadas en la página web PDH destacan el promover amparos a favor de diplomáticos, seguimiento de conflictos por talas de árboles, verificar albergues y recibir a colectivos de personas “trans”, entre otros…

La agenda económica de nuestro país debería ser la prioridad. El anuncio de varias navieras de trasladar sus operaciones a Honduras por el estado de la infraestructura y la ineficiencia de Puerto Santo Tomas es grave. La devaluación del peso mexicano, la porosidad fronteriza al contrabando y un salario mínimo mejicano más bajo al de Guatemala, generan no solo una invasión de productos mejicanos hacia acá, sino también una migración de la inversión hacia Chiapas.

Es importante enfocarnos en las prioridades de nuestro país y dejar la confrontación. Comencemos por ocuparnos de construir nación y de atender las causas que nos llevaron a esta crisis.

Repito: las causas sistémicas.

alfredkalt@gmail.com