La demanda de indemnización superaría los US$300 millones —unos Q2 mil 223 millones—, debido a la inversión y a las pérdidas que se han tenido por la suspensión de operaciones, refirió Ralón al consultarle por los montos citados en ese documento.
El abogado dijo que Daniel K. Kappes, accionista de la empresa, le indicó que se presentó una notificación escrita de su intención de someter al Estado de Guatemala a un reclamo de arbitraje.
Esa medida se puede hacer con base en el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El caso se maneja por medio de una oficina de abogados en ese país de Norteamérica, agregó Ralón.
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La suspensión
La operación del proyecto fue suspendida en junio del 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue apelado por la empresa ese mismo mes en la Corte de Constitucionalidad, pero, a la fecha, no se ha emitido resolución definitiva.
En el documento se refiere que el Estado de Guatemala incumplió disposiciones de ese TLC como trato nacional, nivel mínimo de trato y expropiación de inversiones e indemnización.
El ministro de Economía, Acisclo Valladares, dijo por mensajes electrónicos que vio la carta que circuló en redes sociales, pero que, hasta no contar con el documento oficial, no puede pronunciarse.
Luego del aviso de la intención de un arbitraje, las partes tienen 90 días para conciliar.
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