Resulta difícil ver cómo un país tan rico y lleno de posibilidades de desarrollo se hunde en la ignominia política, administrativa y económica por el solo hecho de haber caído en manos de una administración opaca y absolutamente incapaz de llevar las riendas del Estado, en un gobierno cuyos funcionarios tienen un nivel tan primario e ineficiente como pocas veces se había visto. Es preciso repetirlo, Guatemala es un país de riqueza inagotable pero la mayor parte de su población es pavorosamente pobre. Ese, paradójicamente, ha sido el sino que lo condenó a convertirse en lo que hoy es: una tierra de miseria e injusticia, de desigualdades y abusos, un vergel cuya naturaleza exuberante de antaño se ha transformado en enormes extensiones de palma africana, en ríos de basura, en sembradíos de caña, pastizales para ganado, cerros horadados por la minería y más allá, la deforestación y los cauces secos de antiguos ríos.

Quienes se han enriquecido a niveles difíciles de cuantificar han sido las grandes multinacionales y los depredadores locales, aquellos bien organizados en gremiales y cámaras cuyo talento más sobresaliente ha sido mantener un dominio histórico sobre la economía y la política sin haber hecho aportes sustantivos al desarrollo de su propio país, sino, todo lo contrario, sirviéndose de sus recursos gracias a sus lacayos en el poder.

Guatemala está en quiebra moral y eso lo sabe cualquier hijo de vecino. Sus niñas, niños y jóvenes —grupo mayoritario de la población— se encuentran en un abandono total y, además de carecer del goce de sus derechos básicos, son el chivo expiatorio de las más perversas estrategias de dominación de los grupos de mayor influencia. En ellos recae el peso de las evasiones fiscales de las grandes empresas al ser los primeros renglones eliminados del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Su educación, en manos de un remedo de líder cuyos objetivos van en dirección opuesta a su discurso y de un gremio magisterial empobrecido y privado de incentivos profesionales para ejercer una labor digna, los lleva por vía directa hacia un futuro incierto y sin mayores perspectivas.

Por si eso fuera poco, una alta proporción de la niñez guatemalteca nace en estado de desnutrición y durante sus primeros años de existencia esa falta de alimento se hace crónica, arrastrando efectos devastadores e irreversibles sobre su salud y su futuro. Guatemala es un país en donde la pobreza de las tres cuartas partes de su población es decisión de quienes acaparan la riqueza desde sus despachos en el palacio de gobierno, desde las más altas posiciones de la administración pública y desde los puestos clave en todas las instituciones del Estado. Esto, porque el sistema avala el saqueo de los recursos nacionales en un sofisticado entramado de fórmulas que permiten tanto el enriquecimiento ilícito como la propiedad de los puestos públicos gracias a leyes casuísticas diseñadas por y para una casta política corrupta y oportunista.

Las decisiones presidenciales de los días recientes han revelado hasta qué extremo las autoridades han perdido la brújula —si alguna vez la tuvieron— y cómo comienzan a revelarse los temores de sus aliados. El sector empresarial organizado ya se ha definido por apoyar a quienes luchan contra la justicia y la transparencia, una movida de piezas fácil de prever dadas las características de su tradicional juego político. Ahora ya con las piezas en su lugar, será cuestión de tiempo que la ciudadanía recupere la voz y se haga escuchar una vez más, fuerte y claro.

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