En 1886 la mayoría de obreros en los EE. UU. estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. En su cuarto congreso, del 17 de octubre de 1884, resolvió que a partir del 1 de mayo de 1886, la jornada de trabajo sería de ocho horas. Llegado aquel año, emitió una circular en la que manifestaba: “Ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1° de mayo ya que no hemos dado ninguna orden al respecto”. Este comunicado fue rechazado por los trabajadores de EE. UU. y Canadá, quienes repudiaron a los dirigentes de la Noble Orden por traidores al movimiento obrero.

El presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll estableciendo las ocho horas de trabajo diarias. Al no cumplirse, las organizaciones laborales y sindicales se congregaron. La prensa calificó el movimiento como “indignante e irrespetuoso”, “delirio de lunáticos poco patriotas”, argumentando que era “lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo”.

A consecuencia de la huelga laboral en Chicago, de mayo de 1886, los obreros vieron cumplido su sueño de la jornada de ocho horas. Fue sin duda un hito en el movimiento obrero mundial, del que se desprende el 1 de mayo como Día del Trabajo, en memoria de los cinco mártires ajusticiados por el sistema. Curiosamente, esa festividad no se reconoce en EE. UU. y otros países de origen anglosajón, que celebran el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre.

La organización de los trabajadores por medio del movimiento sindical viene desde entonces. La organización reúne a los obreros a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender intereses comunes ante los empleadores. Ante conflictos laborales, el movimiento suele recurrir a la huelga, como mecanismo de presión, utilizando el diálogo y la negociación para resolver sus reclamos, llegando a alcanzar convenios o contratos colectivos de trabajo.

En el fragor de la guerra interna en Guatemala (1960-1996) las condiciones laborales, que en muchos casos eran semejantes a las de la industria de Chicago en 1886, se sumaron a la tradicional explotación en el agro y la pugna social y política urbana. La debilidad de unos y la intransigencia de otros llevó al asesinato de líderes campesinos, sindicales e intelectuales; no hubo lugar a la negociación, y en algunos casos, importantes industrias debieron declarase en quiebra, cortando de tajo oportunidades laborales.

Los sindicatos estaban prohibidos para los trabajadores del Estado, partiendo del criterio que la Administración Pública ofrece servicios que no pueden ser suspendidos: seguridad, educación, salud e infraestructura, entre otros. Para garantizar el crecimiento y desarrollo de los empleados públicos en la escala jerárquica, y estimular la carrera burocrática, estaba el plan de servicio civil que premia la capacidad, actualización profesional y el buen desempeño.

Dirigentes políticos mediocres, funcionarios incompetentes y una visión del Estado como fuente inagotable de riqueza por la vía de la corrupción, permitieron lo que hoy vivimos a diario: huelga de sindicalistas chantajistas exigiendo pactos colectivos que funcionarios venales aprueban en nombre del Estado, sin preguntar si hay dinero para cubrirlos. Con ese actuar, se quitan la presión de encima o logran distraer la atención del pueblo de asuntos que les son adversos.

Ha llegado el momento de replantear los fines y objetivos de la Nación. Para eso habrá que hacer una reingeniería de la administración pública con el concurso de los mejores ciudadanos, reduciéndola a su mínima expresión y haciéndola eficiente mediante una nueva Ley de Servicio Civil.