“Aclaremos que no es porque hayan hecho algo malo, sino al contrario. El ciclo profesional de unos excelentes agentes de la Policía concluyó”, fueron las palabras con las cuales el actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, justificó la súbita destitución de la cúpula de la Policía Nacional Civil, el 26 de febrero del 2018. El director Nery Ramos había liderado un plan que arrojaba ya sus primeros resultados en la reducción de violencia, el combate del crimen organizado y la investigación de grupos criminales, pero fue removido. La Embajada de Estados Unidos expresó que gracias a su labor “Guatemala era un país más seguro”.

Al propio Ramos, un policía de carrera formado dentro de la PNC, le tomó por sorpresa la notificación. No obstante, el ministro llegó a afirmar que aquella repentina medida tenía como objetivo dar una “oxigenación” necesaria para la institución policial. Las destituciones de mandos altos y medios continuaron. En enero del 2019, Degenhart ya acumulaba 25 despidos de comisarios, subcomisarios, subdirectores, directores adjuntos y directores generales, la mayoría sin mayor explicación.

Los temores sobre tan numerosas remociones se centraban en la interrupción del modelo de profesionalización de la carrera policial, la infiltración de crimen organizado y la apertura de vulnerabilidades en la institución encargada de velar por la seguridad de la ciudadanía. Y una muestra de la materialización de tales temores fue el enfrentamiento suscitado el viernes 22 recién pasado, en la zona 7, entre agentes de inspectoría que iban a capturar a otros agentes sospechosos de cometer extorsiones, los cuales al verse descubiertos habrían azuzado a cómplices civiles a atacar a sus compañeros.

El suceso debe disparar las alarmas de todos los sectores sobre lo que ha ocurrido al interior de la PNC en los últimos 22 meses. Pero no es la primera alerta. El 21 de noviembre fueron capturados tres policías en Retalhuleu señalados de asalto, el 31 de octubre fueron aprehendidos ocho agentes que formaban parte de una banda dedicada al tumbe de drogas y el 16 de octubre fueron apresados 10 agentes acusados de allanamientos ilegales. Y la lista continúa.

No alcanzarán los 57 días que le restan al gobierno de Jimmy Morales para poder investigar eficazmente “si hay más grupos internos que actúan al margen de la ley”, según lo anunció ayer en un mensaje por Twitter, que lejos de calmar preocupaciones las acrecienta, debido a la incertidumbre que entraña acerca del estado real de la PNC. Será el nuevo gobierno el que deba ir en busca del tiempo perdido y emprender la reconstrucción, con la consabida atribución de responsabilidades civiles y penales contra los responsables de haber debilitado a la entidad y alterado procesos que ya arrojaban buenos resultados.

No será tarea fácil puesto que, tal como lo ha señalado el propio presidente electo, Alejandro Giammattei, el ministro Enrique Degenhart no ha obedecido las órdenes de su jefe respecto de facilitar la transición y se ha rehusado a entregar información sobre la cartera que dirige, al igual que lo ha hecho sobre el convenio migratorio que firmó en EE. UU. por delegación del presidente Morales, arreglo sobre el cual no se tienen todos los detalles, a pesar de haberse forzado su arranque. En todo caso, esta coyuntura representa un desafío a las instituciones encargadas de velar por la legalidad de las acciones de todos los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios salientes.