El caso de los rusos Bitkov abre nuevamente la puerta para el que debería ser el punto principal de la discusión alrededor de la Cicig y su operación en Guatemala: ¿Cómo se puede evitar que el amplio poder que detenta se preste para abusos? La solución se debió buscar hace 15 años y no hasta ahora, pero a los pocos que lo hemos venido recalcando desde esa época se nos ha menospreciado tachándonos de “reaccionarios”, “antisistema” y una serie de epítetos, propios de quienes quieren desviar la discusión para no enfrentar la realidad. Bueno, ahora que no somos solo unos pocos parias que desconfiamos del poder los que argumentamos esto, sino que ya se han subido al argumento hasta congresistas gringos, ¿seguirán muchos tratando de tapar el sol con un dedo?

El caso de los rusos Bitkov se internacionalizó recientemente gracias a varios artículos sobre el caso publicados por Mary O’Grady en el diario estadounidense Wall Street Journal. Los artículos de Mary causaron revuelo y fueron seguidos por otros artículos en importantes medios como The Economist y National Review. Una consecuencia de este renovado interés por el caso fue que se convocara a una audiencia en la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa, más conocida como la Comisión Helsinki, conformada por miembros del Congreso y del Ejecutivo de Estados Unidos.

Lo que más me llamó la atención de la audiencia fue lo incomprensible que es para personas que han vivido bajo un régimen republicano que le da tanta importancia al sistema de pesos y contrapesos —checks and balances— que una institución gubernamental pueda tener tanto poder sin ninguna estructura de control que evite, en alguna medida, el que se pueda abusar de ese poder.

Quien mejor estableció ese punto fue Bill Browder —autor del libro Red Notice e impulsor de la Ley Magnitsky— cuando en una de sus intervenciones finales expresó: “El concepto de la Cicig es bueno. El tema no es la organización, sino si se ha abusado de esa organización. Deberíamos establecer pesos, contrapesos y revisiones para asegurarnos que esos abusos no sucedan”. Lo dijo también el congresista Chris Smitt, quien presidió la audiencia: “Ha habido poca vigilancia del Congreso sobre la Cicig —es claro que es tiempo de que eso cambie—.” El que se voló la barda a este respecto fue el senador Michael Lee, quien indicó por escrito: “La Cicig es una bestia difícil de manejar. Todas las organizaciones, aun aquellas creadas con la mejor de las intenciones, deben tener una supervisión apropiada y contar con mecanismos de rendición de cuentas”. Y por aquello de que alguien salga con que es un tema “ideológico”, es el mismo tema que también preocupó a la congresista Jackson Lee en la audiencia.

Es un buen paso que el Congreso de Estados Unidos quiera establecer un mecanismo de control para evitar los abusos que se puedan cometer por parte de la Cicig. Lamentablemente, es “muy poco, muy tarde”, ya que el meollo del asunto, que les da un poder casi absoluto, está imbuido en la misma concepción de la institución: la impunidad de por vida que gozan sus funcionarios en su actuar como parte de la organización.

Es el tipo de impunidad que permite que un funcionario pueda ser acusado por un testigo en su lecho de muerte de haberle pagado para mentir acusando falsamente a inocentes, y que el funcionario, aparte de ruborizarse ante las cámaras, no pagara ninguna consecuencia y adicionalmente siguiera trabajando como uno de los principales funcionarios de la organización por mucho tiempo —no sé si todavía—. Y así como ese, muchos más. Y si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen fin”, yo no.