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El padre formaba parte de un grupo de 14 personas que el viernes iniciaban su noveno día de encierro en la parroquia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Masaya (Pacífico), a la que el Gobierno mandó cortar los suministros de agua y energía, tras conocer que al menos 10 mujeres iniciaban una huelga de hambre para exigir la libertad de más de 160 “presos políticos”.
La mayoría de las madres en huelga fueron dadas de alta y enviadas a sus casas, luego de que su salud fue estabilizada.
Junto con el sacerdote continúa ingresada en el hospital privado “Vivian Pellas” la defensora de los derechos humanos Yonarqui Martínez, conocida como la “abogada de los presos políticos”.
Ninguno de los dos participaba de la huelga de hambre, pero sufrieron ayuno forzoso al quedar encerrados en el templo el pasado día 14, cuando la Policía sitio el lugar. Un periodista y un empleado de la iglesia también pasaron hambre, pero fueron dados de alta anoche.
La Arquidiócesis de Managua informó que otras dos huelguistas quedaron bajo observación en el centro médico, no obstante, anoche una de ellas abandonó el hospital, tras sentirse con fuerzas para ir a casa.
“Fuerza, esta dictadura va a caer, estos puchitos (poquitos) lo hicieron temblar a Daniel Ortega”, gritó desde un vehículo la huelguista María Gómez, al abandonar el centro hospitalario.
El grupo sitiado rompió el cerco policial ayer, por la mediación cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y la Cruz Roja Internacional, ante el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Horas ante de su liberación, la Policía, cuyo jefe supremo es Ortega, ya había capturado a 16 personas por intentar llevar agua a las personas dentro de la parroquia, y ayer mismo impidió que civiles opositores establecieran un puente humanitario.
La Policía y simpatizantes del Gobierno también obstaculizaron el acceso a los medios de comunicación en los alrededores del templo.
La huelga de hambre y las consecuencias para el padre Román se dan en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde el estallido popular contra Ortega en abril de 2018.
La crisis ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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