En Guatemala nadie está libre de pecado. Desde oenegeros mercenarios a empresarios mercantilistas, a sociedad civil falsaria, a politiqueros rentistas, a periodistas faferos, a burócratas corruptos, a exguerrilleros mafiosos —a jueces, magistrados, fiscales y abogados torcidos— y hasta una Cicig cuestionada con lunares feos después de 11 años. ¿Quién tira la primera piedra?

Y ahora el gran escándalo al que le están sacando réditos politiqueros: Algunos miembros del sector privado señalados de ilícitos electorales pidiendo disculpas por procederes de origen atávicos enquistados en las costumbres electoreras.

Décadas de financiamientos electorales —con el consabido “te doy ahora me das después”— es mucho tiempo para pretender transformarlo sin cambiar la problemática estructural y sistémica que lo genera. Siempre ha habido negociaciones políticas electorales y apoyos diversos. Del sector privado, para tener derecho de picaporte para proteger intereses gremiales, sugerir —y colocar— nombres de ministros, la mayoría de las veces con gestiones buenas, y en otras, con lunares oscuros. Los cabildeos forman parte del sistema político de cualquier nación. Lo que hay que eliminar son los incentivos perversos.

En el caso de la izquierda, después de la firma de la paz, colocando alfiles en organizaciones internacionales, en los archivos de la PNC, en Copredeh, en el sistema de justicia, en la Corte de Constitucionalidad, en la fiscalía general, y en tomar el control de la llamada “sociedad civil”, hoy en su máximo apogeo al colocarse astutamente del lado persecutorio, distanciándose de las realidades de un sistema con profundas debilidades institucionales —dentro del cual, por cierto, nunca han generado empleos, ni pagado planillas, ni lidiado con ese decadente sistema—, pero pretenden enarbolar la lucha contra la corrupción como si no fuesen parte del problema.

Todos sabemos que el entorno político en Guatemala siempre ha sido un campo minado de intereses que data desde los tiempos de la Colonia. Es una cultura entretejida en el sistema político mismo, en cuya esencia raras veces se mueve el “servir al pueblo, sino servirse de él”. Sin duda, Morales ha cometido errores, pero pasarle la factura con todo y el pase a la cárcel es totalmente cuestionable.

Para cambiar ese sistema había que comenzar por casa, con íntima convicción de borrón y cuenta nueva, y “luchar”, todos, aquí y ahora… para que se diera una reingeniería institucional que permitiese eliminar las causas estructurales y sistémicas enraizadas desde siempre en todo el aparato estatal. La otra opción era iniciar una purga persecutoria con juicios de casos de “alto impacto” con un sistema de justicia semicolapsado. En otras palabras, seguir persiguiendo efectos. Se prefirió lo segundo con el largometraje de Pérez Molina-Baldetti y la larga lista de enjaulados en los campos de concentración del sistema penitenciario, que tiene más presos en “prisión preventiva” que purgando condena. Pírrica victoria.

Insisto. Casos judiciales contra la corrupción como única línea de acción no eliminan la corrupción. ¿Cuánto han cambiado las aduanas, las asignaciones de obra? ¿Son acaso ejemplos de transparencia? El único camino es la eliminación de incentivos perversos, suprimir en funcionarios la discrecionalidad y que el control del gasto sea efectivo. Si no se dan los cambios regulatorios o desregulatorios en la línea correcta, estaremos arando en el mar, persiguiendo las consecuencias y no las causas.

La estrategia en esta coyuntura es tirarle a la yugular al presidente de la República, forzando un antejuicio y los votos en el Congreso para defenestrarlo. Luego elegir a un tercero, acorde y alineado al “proyecto redentor”.

¿Será de ahí de donde viene la obsesión de perseguir efectos hasta llegar al colmo de deponer a un presidente electo?

Que no quepa duda, abrir esa herida en la institucionalidad democrática abre la caja de Pandora.

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