El jueves pasado ocurrieron dos acontecimientos prácticamente simultáneos y sin precedentes, causantes de un antes y un después en la práctica de la política en Guatemala. Por la mañana, Thelma Aldana, la jefa del Ministerio Público, e Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, señalaron a varios empresarios de alto nivel de haber participado en financiamiento ilícito para la campaña electoral de Jimmy Morales y del partido FCN-Nación. Esa misma tarde, los implicados ofrecieron una conferencia de prensa en la cual admitieron el hecho y se disculparon en público y con palabras claras, sin ambages. Fue un hecho inesperado, sobre el cual pueden hacerse algunas consideraciones, aunque el presidente decidió negarlo el viernes.

Ciertamente, la práctica de otorgar dinero privado bajo la mesa a los políticos ha sido tradicional en el ambiente político desde hace muchos años, a cambio de beneficios. Las elecciones generales anteriores tuvieron como característica la mala cepa de los participantes. Baldizón, farsante, delincuencial —hoy preso en Estados Unidos—, se enfrentaba a Sandra Torres, mandona emperatriz del gobierno de su hoy exesposo, también encarcelado. Ambos eran los potenciales candidatos de la segunda vuelta, para horror del país. Apareció en el horizonte un desconocido Jimmy Morales, quien se convirtió rápidamente en el “menos peor”, con un discurso pegajoso pero mentiroso, aunque él sigue negándolo. Baldizón fue desbancado en la ronda general, y Torres se convirtió en la “cualquiera, menos ella”.

El sector privado reaccionó como lo había hecho: apoyando a uno de los aspirantes, en contra del otro. Y lo hizo otorgando recursos para atender a los fiscales de mesa, porque el minipartido ahora oficial ni siquiera tenía lo necesario para apoyar a quienes debían estar en las mesas para fiscalizar. Falta ahora saber si todo el dinero fue utilizado en eso, porque se rumora de depósitos en cuentas de parientes del candidato y de sus cercanos. En pocas palabras, tanto quienes dieron como quienes recibieron caen en un financiamiento ilícito, porque no lo registraron y por eso se justifica y es loable no sólo haberlo admitido, sino hacerlo de inmediato. Queda ahora clarificar para próxima ocasión cómo puede una persona o empresa ayudar al financiamiento de una campaña, para no caer en ilegalidad.

Esto es importante porque, en sí, financiar a un partido no es malo ni es ilegal, y ocurre en todas partes del mundo, pero debe tener reglas: cantidades en dinero, donaciones en especie, etcétera. Si se prohíbe, el resultado será un financiamiento necesariamente oscuro, ilegal, al menos fuera totalmente público y dejara al margen todo aporte privado. Estas limitaciones tienen un beneficio adicional: reducir la posibilidad de micropartidos, como son la mayoría de agrupaciones politiqueras del país, donde –por ejemplo— el Congreso es presidido por un muchacho con la característica de ser el único representante. Da risa. Lo ocurrido el jueves debe hacer pensar a muchos de los autodenominados dirigentes políticos del país, porque en realidad el cambio de ese día no sólo es profundo, sino tendrá efectos de hoy en adelante.

Por su parte, el sector privado también tiene motivos para meditar acerca de su relación con la política. La mentalidad, los fines, la manera de ver las cosas, es distinta en esas dos actividades, y esto se puede comprender mejor si se acepta a la política (no la politiquería) como la base donde se coloca la economía, a su vez relacionada con el papel del ciudadano –ya sea empresario o no— en la sociedad, y especialmente en una como la nuestra. A este importante sector le tocó esta vez, pero no por ello están exentos los demás. Es fácil entenderlo, pero difícil aplicarlo a la realidad. Mientras, creo justo felicitar a quienes pidieron las disculpas públicas. La disculpa, en algunas culturas orientales, es un hecho muy cercano al deshonor. Necesita valentía.