Al Congreso no le ha bastado pasar por encima de la lucha contra la corrupción y blindarse en la impunidad al aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, sino que ahora intenta dejar un presupuesto para el 2020 con el que continuará el saqueo de los recursos del Estado. A los diputados que quieren hacer piñata los fondos públicos no les importa si el plan de gastos quedará desfinanciado o si ha habido un grave recorte de la inversión social. Lo importante para ellos es que podrán mantener sus negocios oscuros a costa de un mayor nivel de marginamiento de la población que no tendrá acceso a servicios básicos. ¿Qué otra razón podrían tener estos congresistas que hacen oídos sordos a las múltiples voces de instituciones y organizaciones que han pedido que no se apruebe ese adefesio que le hará un grave daño al país? La única explicación es que quieren dejar una estructura de corrupción como legado.

Si el Legislativo llega a aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año, será un acto criminal porque encarna en su más cruda versión la llamada Ley de Hidalgo, o sea bando al que deje algo. Frente a las narices de los guatemaltecos, los diputados de la Comisión de Finanzas muestran su actitud depredadora de los fondos públicos. Entre las barrabasadas de los corruptos está haber asignado Q150 millones a 28 organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales son de reciente inscripción, otras carecen de experiencia y por lo menos cinco de ellas ni siquiera tienen número de identificación tributaria (NIT), o sea son fantasmas. Otra forma de saquear fondos fue la asignación de Q900 millones a la Comisión Liquidadora, creada en el 2015 para cerrar el corrupto Fondo Nacional para la Paz. Sin embargo, ahora esa instancia que debía ser temporal aparece institucionalizada porque su objetivo será clientelar y de fachada para negocios oscuros.

El derroche de fondos también se percibe cuando en el proyecto presupuestario le aumentan Q99 millones más al Ministerio de la Defensa, con lo que el presupuesto militar ascendería a Q2 mil 627 millones. Mientras otras carteras resienten drásticos recortes, el Ejército podrá utilizar Q200 millones de esa plata para adquirir aviones. Por ejemplo, Salud tendrá Q214 millones menos de presupuesto el próximo año y una de las áreas que será castigada con un recorte de Q27.7 millones será prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica. Esta es una bofetada para el futuro de la infancia guatemalteca, cuyo 47% sufre desnutrición crónica. Según Unicef, este tipo de desnutrición es una condena perpetua porque el niño no tendrá futuro adecuado, carecerá de oportunidades de estudio y empleo, y cuando sea adulto tampoco será productivo. Guatemala pierde más de US$3 mil millones al año por desnutrición, según Unicef. Sin embargo, el país tendrá aviones militares. Qué lujo.

El próximo año el área de educación afrontará problemas de recursos en los niveles de preprimaria, primaria, diversificado y universitario. Sin salud ni educación, qué futuro podrá tener este país, al que también le restarán recursos para la reforma policial, formación de agentes y gasolina para las autopatrullas, así como infraestructura en Presidios. Y por si fuera poco, a Guatemala, que tiene su red vial hecha pedazos, le esperará un panorama terrible: El Ministerio de Comunicaciones ya no tendrá a su disposición los Q6 mil millones del presupuesto de este año, sino que en el 2020 solo contará con Q2 mil millones, o sea un recorte de unos Q4 mil millones. Este panorama sombrío que no augura progreso y desarrollo por ningún lado implicará un endeudamiento de unos 28 mil millones porque la recaudación fiscal es totalmente deficiente. Este es el panorama que nos quiere dejar la banda de delincuentes que en el Congreso trata de aprobar este presupuesto de rapiña.