Desde 1954 a la fecha, el sistema económico y el modelo político en Guatemala han funcionado en estrecha relación. Una relación basada fundamentalmente en una cohesión ilícita y por tanto delictiva, que ha favorecido a una élite reducida pero muy poderosa. El modelo político ha estado sustentado por una legislación que permite la existencia de una clase política corrupta, encargada de cooptar las instituciones del Estado y favorecer rituales electorales consuetudinarios, orientados a preservar un modelo económico basado en una alta concentración de la riqueza a favor de una minoría, un sistema fiscal flácido y complaciente creado para favorecer la evasión y una estructura laboral que garantiza la existencia de grandes contingentes de trabajadores, urbanos y campesinos, desprovistos de una verdadera seguridad social, sometidos a salarios humillantes. De esta forma, ese matrimonio entre el sistema político y el modelo económico, transitó sin restricciones hasta hace muy pocos años, hasta que la lucha contra la corrupción y la impunidad impulsada por la Cicig y el MP, marcaron un antes y un después.

La Cicig y el MP tienen como objetivo el establecimiento de un verdadero estado de Derecho, en donde se controle al máximo las prácticas ligadas a la corrupción, la impunidad, la cooptación del Estado y la ejecución de todo tipo de acciones ilícitas que atenten contra el interés nacional. Este objetivo implica la obligada modernización e independencia del Organismo Judicial. Todo enmarcado dentro de una verdadera cultura de la legalidad, en donde tanto ciudadanos como funcionarios, se sometan siempre a las normas legales sin excepción alguna. Pero esta tarea iniciada por la Cicig y el MP, llega ahora a un punto complejo y preciso: la elección del próximo fiscal general. La continuidad de la actual política operativa del MP dirigido por Thelma Aldana, es apoyada por la ONU, la embajada de EE. UU. y la Unión Europea. Política que en lo interno, goza de un alto nivel de simpatía social. Pero está latente el riesgo de que el presidente Morales, opte por un o una fiscal, que se desmarque de esa línea, planteando una dinámica de acción más conservadora que incluso, podría llegar a la complacencia con aquellos actores seculares, que desde siempre se favorecieron con un modelo político, jurídico y económico excluyente, basado en cualquier tipo de acción anómala que le garantizara su vigencia y funcionamiento.

Para nadie es un secreto que estos sectores aprovechando su estrecha relación con el presidente Morales harán todo lo posible para retener la actual dinámica operativa del MP y la Cicig. Acciones como la declaración de non grato hacia el actual comisionado de la Cicig, la ofensiva diplomática para restringir la funciones de la citada comisión y la desarticulación de las autoridades anteriores encargadas de la operatividad del Ministerio de Gobernación, se expresan por sí solas. Acciones como estas que han generado una profunda preocupación tanto a lo externo como a lo interno de nuestro país, especialmente, en aquellos actores que han mostrado su total respaldo hacia esa política operativa impulsada por el MP y Cicig. La elección del próximo fiscal marcará un antes y un después, un punto de inflexión, una definición contundente sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en el país. Si el presidente elige la mejor opción nuestro país proseguirá en la ruta correcta. Pero si opta por una reacción hacia el fortalecimiento del estado de Derecho, eso tendrá repercusiones graves e insospechadas, porque la lucha por la institucionalidad democrática no la detiene nadie.

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