Si te doy diez quetzales por algo que luego he de vender en doce, habré logrado una ganancia de dos quetzales.  Pero si pudiera arrebatarte, impunemente (a coste “0”), eso que he de vender en doce quetzales, mi ganancia se multiplicaría, en este ejemplo, por seis (de Q2 a Q12).  Si puedes construir una carretera de mejor calidad por el mismo precio que yo, pero puedo quitarte el contrato impunemente (a coste “0”), compartiendo con el funcionario que lo adjudica una fracción de las ganancias, a mi cuenta y beneficio queda la tajada del león.  Si dentro del sistema de cargas y beneficios de la sociedad en que vivimos, puedo adquirir los beneficios de “ciudadano Clase Ejecutiva”, contribuyendo a tu campaña electoral, impunemente (a coste “0”), las cargas quedan entonces para los “ciudadanos Clase Económica” (y los beneficios para mí). Y así, un largo etcétera.

Pero, claro está, todo eso está mal. Es incorrecto. Es contrario a los principios morales. Y es por eso que, a pesar de que haya una situación de impunidad enormemente extendida, aunque el coste sea casi “0”, quienes tienen escrúpulos morales suficientes, pues se abstienen de delinquir. Se abstienen mientras pueden, pues, como puede advertirse con facilidad, en todos esos casos hay perdedores que, en algún momento, bien pueden enfrentar el dilema de tener que dejar ciertas actividades (dejar de ser proveedor del Estado, por Ej.) o, en el extremo, de tener que cerrar la tienda. Algunos hay que merecerían una estatua en La Reforma, que prefieren eso y así proceden. Pero hay muchos que no. Que por diversas razones se estiman obligados a entrar por el aro, a plegarse a las reglas, a jugar el juego.

Pues es ahí en donde la diferencia la hace el Poder Judicial. O más específicamente, cada juez, cada magistrado, cuyas sentencias cambian el coste de “0” por una suma que, idealmente, disuade al que está ante el dilema (por el castigo ejemplar) y repara, en lo posible, el daño causado. Por supuesto que una investigación robusta es importante y que para eso los órganos de control (o de contralor) del Estado deben funcionar. Principalmente, el Ministerio Público. Pero cuando dichos órganos faltan a sus deberes o los cumplen defectuosamente, son los propios jueces, los propios magistrados, quienes deben disciplinar a los contralores de la legalidad, de la hacienda pública, de la probidad administrativa, etcétera.

Los jueces y los magistrados no pueden resolverlo todo, pero sí pueden cambiar de tajo una cosa, a saber: los incentivos para respetar las reglas. Efectivamente, cada sentencia de un juez en materia de daños y perjuicios, de negligencia en la administración pública, o de índole penal, cambia en alguna medida los incentivos que modulan la conducta.

Cuando cualquier persona está ante un dilema entre delinquir o no y su asesor jurídico le dice: “—si usted hace esto, va a terminar en la cárcel con seguridad”, esa persona, si está en sus cabales, cambiará su decisión. Puede que haya uno en cien casos en que el “botín” valga diez años de cárcel pero, en general, en los otros noventa y nueve casos, no.

Es por eso que la reforma de lo judicial ha de ser lo primero. Para que el sistema de incentivos, los costes de delinquir, no sean “0” o casi nada. Para lograr eso, es indispensable reformar la Constitución, crear unas reglas y condiciones que garanticen la independencia judicial y dotar de recursos al Poder Judicial para que, bajo la Ley, suba los precios reales de delinquir.

Eduardomayora.com