El financiamiento electoral, pero esencialmente aquel  relacionado con los orígenes dudosos de aportes dinerarios, tiene a varios diputados al borde de una trampa en la cual también puede caer el Congreso, porque en la Comisión de Asuntos Electorales se le sigue dando vueltas al cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad al respecto de legislar sobre castigos proporcionales de acuerdo al origen de los fondos otorgados para las campañas electorales, pero quienes están enfrascados en la modificación de ese artículo del Código Penal están tratando de buscar el burdo beneficio de las figuras principales de la política, sobre todo los secretarios generales de los partidos políticos, varios de ellos ya señalados de ilícitos.

La trampa mencionada consiste en la lucha de los diputados para buscar salvar a los políticos con el absurdo de hacer responsables a los contadores y a los financistas. En su pretensión de quedar indemnes parecen no darse cuenta de su soledad a partir de la próxima campaña electoral, pues ya ningún financista sin mala intención se atreverá a poner recursos en manos de gente inescrupulosa y mucho menos aspirar a una inversión cuyo posible resultado podría terminar en penas de prisión, tal y como ha ocurrido en los dos últimos procesos electorales. Es una prueba de no querer persignarse ante la evidente y casi seguramente arrolladora tormenta cercana, como dice el viejo refrán. Es negar la realidad, o colocarse en la posición del avestruz.

Esa obcecación de los diputados facilitará, en la práctica, la apertura de la puerta al dinero de origen criminal, como el narcotráfico o el proveniente de otros ilícitos, porque solo quienes lo manejan podrían atreverse a financiar a políticos con el obvio objetivo de obtener beneficios. Esto ya ocurrió con el anterior gobierno patriotista, donde la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue vinculada a estructuras de narcotraficantes, por lo cual Estados Unidos solicitó la extradición, luego de terminar los juicios causantes del interés y al mismo tiempo del estupor de los guatemaltecos, por haber llegado a extremos solo explicables en novelas del realismo mágico latinoamericano, pero con el agregado de tener un alto grado de perversión.

No se puede entender por qué los diputados se niegan a ver lo evidente para todos los ciudadanos conscientes y alejados de los chanchullos politiqueros. También deben entender los diputados otro asunto igualmente claro: a partir de los dos últimos procesos electorales y las consecuencias desastrosas para los guatemaltecos de esas gestiones gubernamentales, el financiamiento a la política no podrá ser como antes. El gran capital, alguna vez financista de los caballos ganadores, difícilmente lo hará de nuevo, porque muchos de sus representantes también han pagado caro tal promiscuidad con la politiquería y para algunos significó la cárcel su aprobación y participación en un modelo igualmente perverso de administración pública.

Ayer, durante el segundo encuentro de empresarios en Guatemala Íntegra se insistió en enderezar el rumbo, aprender del pasado y buscar un cambio para el país. No se puede seguir bajo ese modelo, mucho menos permitir que algunos de sus representantes resulten involucrados en oscuros negocios gubernamentales. Ese cambio de escenario, también debería estimular a los diputados al respecto de las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, y ser congruente en la responsabilidad de quienes financien de manera irregular cualquier campaña política. En definitiva, y evidentemente para el bien del país, nada volverá a ser igual a partir del derruido escenario partidario dejado por la dura y en mucho exitosa lucha contra la corrupción.