Los diputados parecen estar empecinados en llevar a extremos inconcebibles la búsqueda de recursos para financiar a políticos y sus campañas electorales, sobre todo los de origen anónimo, a cambio de que quienes abran la chequera no pasen ni un día en prisión, porque cualquier violación a la ley enfrentaría castigos simbólicos y las penas serían conmutables si se aprueban los cambios al Código Penal sobre financiamiento electoral.

Es una apuesta descarada que solo evidencia el nuevo impulso del pacto de corruptos por garantizarle impunidad a los que quieran o necesiten subsidiar la politiquería, lo cual difícilmente lograrán por lo burdo de su propuesta, pues aunque sean mínimas y excarcelables las penas, quizá solo quienes están ligados al crimen organizado, al narcotráfico o sirviéndose de testaferros podrían atreverse a violentar la ley a cambio de acceder a beneficios espurios.

Lo que no parecen entender los diputados es que la CC ordenó legislar para poner castigos acordes al financiamiento electoral irregular, para penalizar a quienes incurran en mayores abusos y cerrarle el paso al dinero sucio.

No se puede pretender poner castigos simbólicos a quienes aporten recursos dinerarios a los partidos políticos cuyo origen sea oscuro, ni mucho menos pueden ser anónimos esos aportes, que claramente llevan el mensaje de comprometer a cualquier aspirante.

Nadie que se precie de obtener recursos de negocios lícitos podría prestarse a nuevas jugarretas en uno de los medios más corruptos del mundo y mucho menos a cambio de recibir penas menores o conmutables, y eso deja claro que si el cambio al Código Penal queda en esos términos, a partir de ahora todo dinero anónimo en las campañas solo podrá provenir de actividades como el narcotráfico, cuyos abundantes recursos buscan ablandar conciencias.

Las declaraciones en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón en los últimos dos días evidencian que en torno a la política se mueven millonarios recursos sin ningún registro, y se llegó a los extremos vergonzosos de reconocer que solo en un edificio estaban embodegados diez millones de quetzales, producto de la corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Eso explica por qué un grupo de ministros como los descritos por Monzón desembolsó millones de quetzales para hacer obsequios extravagantes a quien funcionaba como el jefe de todos. Regalar una mansión de descanso, un carro deportivo de extremo lujo, una lancha o una moto igualmente dispendiosas solo puede ser producto de actividades criminales y mentes dominadas por la cultura de la corrupción, como todo lo que ocurrió durante la administración patriotista.

Estos testimonios deberían constituir evidencia suficiente para que los diputados asuman con mayor responsabilidad sus obligaciones y dejen de actuar como cómplices de delincuentes o, peor aún, como benefactores de quienes han convertido la política en un negocio nauseabundo y encima querer endulzarles el oído a financistas, lo cual únicamente dejará en esa categoría a quienes a su vez obtienen grandes cantidades de dinero proveniente de actividades delictivas.