Es generalizada la percepción de que sobre la municipalidad capitalina no se mueve una hoja sin la dictatorial voluntad del alcalde Álvaro Arzú. Por eso, la acción de sus más cercanos colaboradores de pretender el cierre del fideicomiso Manejo de Recursos Naturales y Recreación, Cultura y Deportes (Manrec) resulta una acción tardía y desesperada por tratar de cerrar el paso a investigaciones en marcha sobre manejo irregular de recursos.

Es una acción tardía y maliciosa porque esas anomalías fueron descubiertas por auditores de la Contraloría General de Cuentas desde el mes de mayo de 2016, y los integrantes del concejo metropolitano apenas se enteraron hace cuatro semanas, cuando hacían trámites ante la entidad fiscalizadora y de manera oficial supieron que por ese caso existía una denuncia penal en su contra. Esto explica la angustia del gerente general de Empagua, Fredy Guzmán, al proponer el cierre de un fondo de recursos imposible de fiscalizar.

Hace casi dos semanas la fiscal general, Thelma Aldana, anunció que estaban en marcha varias investigaciones sobre la administración de Álvaro Arzú, quien gracias a fallos polémicos se ha logrado salvar hasta ahora del avance de antejuicios en su contra, debidos a haber incitado a la violencia y porque se le acusa de haber utilizado recursos municipales de otro fideicomiso, también blindados ilegalmente, para adquirir artículos promocionales de la que sin duda será su última campaña electoral.

La desesperada acción de sus principales colaboradores, lejos de solucionar su complicada situación, puede profundizar las sospechas sobre malos manejos, porque en todo caso esa medida no detiene las auditorías en marcha ni las denuncias penales que desde hace tiempo están bajo investigación del Ministerio Público, pero sobre lo cual la información es escueta por ser un caso bajo reserva por orden judicial.

Los detalles generales giran en torno a supuestas irregularidades en la compra de agua, con fondos de Empagua, a empresas privadas, con recursos manejados a través del Manrec. El alcalde citadino pregona que los fiscalizan demasiadas entidades, lo cual no es cierto, porque el mismo contralor, Carlos Mencos, ha insistido en que deben desaparecer porque su creación contempla una figura de manejos privados, que impide auditar los millonarios recursos provenientes de dineros públicos.

En la búsqueda por esclarecer el discrecional manejo de recursos en la Municipalidad de Guatemala, se han producido varios allanamientos, para sustraer documentos que permitan aclarar las denuncias presentadas por la CGN, como ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando el MP allanó las oficinas de Guzmán y uno de los hilos conductores de la investigación es un pago millonario a la entidad fiduciaria, porque ese dinero habría evidenciado la delegación de responsabilidades públicas en empresas privadas.

El apresurado cierre de uno de los fideicomisos con que la Muniguate maneja sin ningún control millones de quetzales es apenas la muestra más reciente de que la desesperación cunde en el entorno arzuista. Las quejas no se quedan solo en los nebulosos fideicomisos, pues la CGN investiga y ha presentado denuncias penales por muchas otras irregularidades en distintas dependencias de la comuna capitalina, que hasta ahora se ha manejado como un feudo privado, rehuyendo la rendición de cuentas, mientras se deterioran los servicios básicos, como el agua, que ya hace crisis en varias zonas capitalinas.