Creo que la corrupción es uno de los síntomas de dos fracasos. El primero de ellos es un fracaso en el diseño y reformulación de las instituciones del Estado, como quedó plasmada en el Derecho Público –Constitucional, Electoral, Administrativo, Tributario, etc.— que surgió del proceso constituyente de 1985. El otro es un fracaso de las élites del período –económicas, políticas, intelectuales, etcétera—, al permitir que el intento fallido de hacer las cosas bien, con un aparato mal diseñado, se saliera de madre.

¿En qué fundamento mi aserto? Para cuando la paz se firmó en 1996, o para cuando fracasó la consulta popular de la reforma constitucional propuesta en 1999, la burocracia ya estaba en crisis y el tristemente célebre “Renglón 0-79” se había convertido en uno de los medios para organizar una administración pública paralela. Del lado del sistema de justicia, las postulaciones amañadas de magistrados y otros funcionarios ya eran vox populi. Las élites debían haber hecho un alto y analizar, a fondo, qué estaba pasando. Sin embargo, optaron por seguir adelante jugando con las mismas reglas.

Así, el siglo XXI se inició con una situación ya “patológica”. El Estado guatemalteco ya no era un Estado “sano”. De la Democracia Cristiana, tras el “asesinato del Centrismo” y el paréntesis autogolpista que abrió, se pasó al “Conservadurismo Criollo”. De allí, a un “Populismo de Derecha” cuyo fracaso dio la bienvenida, de regreso —con algunas variantes— al Conservadurismo Criollo. Fue este otro fracaso electoral que dio paso a la “Social Democracia Pragmática”. Todas las fórmulas, pues, fracasaron en las urnas al vencer el período presidencial. Empero, una vez tras otra, las élites optaron por seguir jugando con las mismas reglas, en lugar de mirar a fondo las causas de dicho fracaso.

En las siguientes dos elecciones ya ni siquiera se plantearon posiciones ideológicas. Un síntoma claro del modelo fallido se encarnó, en mi opinión, en la idea del “Partido Todos”. Esto es una contradicción en términos. Un partido político no puede incluir a “todos”. Un partido político, para serlo, ha de tener una ideología definida, una peculiar, específica y concreta visión de la realidad. Pero las élites optaron, por enésima vez, por seguir jugando con las mismas reglas.

Ahora, entre otras iniciativas, surge el Frente Ciudadano contra la Corrupción. ¿Quién puede, me pregunto, negarle a sus organizadores y a sus miembros el derecho a promoverlo? Nadie, creo yo. Empero, la lucha contra la corrupción es, metafóricamente, “una aspirina para bajar la fiebre”, pero no el remedio para la infección que causa la fiebre.

Mi impresión es que “el Frente” es una iniciativa que no se agota, solamente, en los síntomas, sino que tiene otras aspiraciones. Si así fuera, encuentro que algunas de las críticas que se han alzado son válidas. Quiero decir que si el Frente tiene pretensiones políticas de fondo, basadas en una ideología determinada o con unos propósitos cívicos específicos, en mi opinión, así debiera reconocerlo y a toda honra. Los ciudadanos que lo integran tienen todo el derecho a plantearse como una opción, como un intento de ofrecer liderazgo, como una alternativa para ser considerada por los demás. Si hubiera otros grupos con iguales o parecidas pretensiones, pues que se organicen y las propongan también. Pienso que eso es la democracia: competir por las preferencias ideológicas de los ciudadanos.

eduardomayora.com