Hace algunos días terminé de leer Precariado. Una carta de derechos, de Guy Standing, profesor de la Universidad de Londres. Standing desarrolla una definición sobre lo que considera una nueva clase social, el precariado, caracterizada por la inseguridad crónica y con derechos cada vez más limitados. He aquí doce preguntas para que usted evalúe si es parte de esta clase social.

1) ¿Tiene usted un empleo inseguro; es decir, con un contrato de trabajo por tiempo definido? 2) ¿Ha pasado o está pasando por un período largo de desempleo (más de seis meses) buscando trabajo, pero sin encontrarlo? 3) ¿Ha necesitado la ayuda económica (préstamos o donaciones) de familiares y amigos para subsistir mientras encuentra empleo? 4) ¿Experimenta la sensación de que todo en su vida laboral es temporal? 5) ¿Por necesidad, ha tenido que tomar empleos impredecibles, “de lo que sea”, alejados de su profesión? 6) ¿Su patrón le exige trabajar tiempo extra sin remuneración? 7) ¿Trabaja sin derecho a seguridad social, vacaciones pagadas, aguinaldo y bono 14? 8) ¿Trabaja por un sueldo menor al salario mínimo? 9) ¿Factura por su trabajo, ocultando la relación de dependencia que tiene con su patrono? 10) ¿Piensa que su situación económica no mejorará en los próximos dos o tres años? 11) ¿Está sobrecalificado para el trabajo que ha tenido o tiene? Y, finalmente, 12) ¿Carece de ahorros o algún seguro para enfrentar más de dos meses de desempleo?

Si respondió afirmativamente a seis de las doce preguntas planteadas, entonces usted es parte del precariado guatemalteco, el cual es resultado, en buena medida, de las políticas neoliberales que han puesto en marcha un Estado ambivalente: débil cuando deja a la mano invisible —al “libre” mercado— todo lo relacionado con el bienestar de las personas (salud, nutrición, educación, vivienda, seguridad, empleo, prestaciones laborales), y fuerte para regular la vida de las empresas más grandes o de aquellas cercanas al poder político: otorgándoles privilegios fiscales, disminuyéndoles los salarios de los trabajadores, buscándoles nuevos mercados en el exterior o garantizándoles su poder de monopolio.

Romper con la nociva tendencia a precarizar a los trabajadores y, por ende, a sus familias, requiere redefinir el mercado laboral, garantizar el derecho a trabajar y el rol del Estado en su cumplimiento. Standing propone una carta de derechos, con 29 artículos, para poner fin al precariado. Entre los que mejor se adecuan a nuestra realidad están el reconocimiento a todas las formas de trabajo, incluidos aquellos no remunerados relacionados con la reproducción y el cuidado familiar. Asimismo, fortalecer la negociación colectiva y colaborativa; rechazar la pérdida de derechos laborales; promover una protección social moderna y universalista; desmercantilizar la educación y la política, para enseñar empatía y no oportunismo; poner fin a los subsidios que fomentan la caridad en menoscabo de la acción pública para el bienestar social, y avanzar hacia una renta básica universal. Estos cambios requieren de un Estado con políticas públicas bien definidas y financiadas, con objetivos y resultados claros, y con una tributación justa y equitativa.

Si puede envíeme su respuesta a las doce preguntas planteadas para seguir tratando este tema y haga que su enojo e indignación por esta realidad se transforme en valentía. Las personas en el precariado no son una masa sin esperanza: son una fuerza social para el cambio, con potencia para empujar una agenda de nación que elimine la incertidumbre laboral y defienda la igualdad.

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