La Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, integrada por Jaime Amílcar González Dávila, presidente, y Beyla Adalí Xiomara Estrada —esposa del secretario de Comunicación del presidente Jimmy Morales—, resolvió ayer no retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú, a quien el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscan investigar por financiamiento electoral ilícito.

La tercera integrante de esa sala, Zonia de la Paz Santizo Corleto, razonó su voto al considerar que era procedente dar paso a la investigación. El polémico fallo prolonga la agonía política del jefe edil, pues inevitablemente provocará que el MP acuda a instancias superiores para investigar más a profundidad los ilícitos en que habría incurrido.

Una triste imagen, quizá sin ser esa la intención, es que dos de los integrantes de esa judicatura dejan al encartado como el rey desnudo, a quien las circunstancias le son adversas, pues los argumentos de quienes lo favorecieron lo pintan como alguien que no hace nada o no tiene control sobre lo que hacen sus subalternos, y a él, que presume de mano dura, la descripción que afloró en la audiencia de ayer no le favorece.

Todo apunta a que buena parte de los ilícitos denunciados por la Fiscalía serán endilgados a los mandos menores, quienes aparentemente hablaban con fantasmas o tenían un poder ilimitado para tomar decisiones que en todo caso deberían provenir de las más altas esferas de la comuna capitalina, la entidad estatal más hermética de la administración pública, donde ni siquiera es posible tener acceso al presupuesto de gastos de cada año.

Lejos de favorecer al alcalde capitalino, estos dos jueces lo dejan de nuevo ante un largo trecho por recorrer que indudablemente solo profundizará el deterioro de su imagen, cuando el país está a las puertas de un nuevo evento electoral que indudablemente le pasará factura, junto a sus más cercanos colaboradores y alfiles de la política, que por ahora encuentran en él cierto apoyo.

Para empezar, poco antes de que se conociera esa resolución, ya la fiscal general, Thelma Aldana, había anunciado que en caso de que el fallo no fuera favorable al MP, este presentaría una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad, instancia que hasta ahora ha demostrado independencia y firmeza para enmendar la plana a muchas judicaturas.

Además, Aldana también declaró ayer a la prensa que existen más investigaciones en proceso relacionadas con la Municipalidad de Guatemala y que no descarta presentar acciones en las instancias jurisdiccionales correspondientes antes de dejar el cargo, cuyo período vence en mayo próximo.

Los argumentos presentados por el MP para sustentar su petición de despojar de inmunidad a Arzú describen un oprobioso modelo predominante en la administración pública, lo cual no quiere decir que el alcalde sea culpable o inocente de lo que se le acusa, y es por eso que él se convierte en el máximo perdedor. Esta resolución solo acrecienta la desconfianza en la justicia y en los políticos, lo que además refuerza la percepción de que se crece el manto de impunidad sobre un sistema marcado por la corrupción.