En Guatemala, la mayoría de los ciudadanos tiene prohibición legal de participar como candidato a la presidencia del país. En efecto, la condición de tener un mínimo de 40 años limita y deja, de hecho, la posibilidad de optar a ese cargo en el segmento etario localizado entre los 40 y los 70 años. Difícilmente alguien de mayor edad sería elegido o nombrado para luchar por la presidencia de la nación, como consecuencia de la actitud de considerar a la experiencia otorgada por los años en un estorbo, y en un beneficio a ser joven, sin experiencia, lo cual en nuestro país significa, además, desconocer la historia, elemento fundamental para el ejercicio de una política verdadera, distinta a como la ejercen los impresentables políticos nacionales.

Una posible fórmula para despertar el interés de participación de la mayoría, con edad entre 20 y 40 años, es la de abrir algún partido, aunque sea con los defectos de la actual ley electoral, pero con dos características esenciales: no tomar en cuenta a ningún politiquero participante en cualquiera de los vergonzosos casos de corrupción, amiguismo, transfuguismo, payasismo, pero sobre todo de transfuguismo. Es fundamental entender eso porque hacerlo implica una automática comparación con el partido oficial de hoy, lo cual conllevaría el derrumbe de cualquier posibilidad de una participación con resultado positivo y, sobre todo, capaz de abrir la oportunidad a una nueva etapa política.

Un factor nuevo del próximo proceso electoral lo constituyen las limitaciones y controles a los financiamientos, tema del cual el Congreso no puede escabullirse y por ello debe acatar las indicaciones tanto del Tribunal Supremo Electoral como de diversas organizaciones académicas y de otro tipo. Esto tendrá como resultado una disminución del número de “voluntarios” dispuestos a invertir en las campañas electorales con el objeto de lograr canonjías, lugar en el gabinete o simplemente buscar acomodo en negocios turbios. Por esa causa, seguramente disminuirá el proselitismo de colores carnavalescos, árboles, piedras y laderas pintarrajeados con propaganda, y, en fin, todos los elementos causantes de basura en prácticamente todos los lados del país.

No todos los cambios son positivos. Es negativo, y sobre todo contraproducente, para lograr el interés de los electores, la prohibición de hacer públicos los resultados de las encuestas de intención de voto dos semanas antes de las elecciones. Esto solo sería bueno, si se refiere a las mentirosas pseudoencuestas de empresas desconocidas, al servicio de los partidos y de nula credibilidad. Pero en el caso de las encuestas profesionales y por ello muy caras, no tendría sentido realizarlas porque en los días previos a los comicios pueden cambiar los porcentajes de los votantes en favor de algún aspirante, sobre todo cuando las diferencias son menores al margen de error. El objetivo real, entonces es impedir su realización como resultado voluntario de los medios.

A mi parecer, no se pueden realizar las próximas elecciones sin antes hacer cambios efectivos. Sin estos, el fácilmente predecible resultado será una reducción de la participación ciudadana, y por ello se afianzará la calidad de gobiernos y presidencias integrados por comicios de participación minoritaria. Esto se deberá a la posición crítica de esta mayoría de la población, cuyos integrantes tienen en común su rechazo y desinterés por la politiquería como la actual, pero por otro lado tienen clara ya y lo afianzarán, su comprensión de los efectos de llevar a la silla presidencial y al Congreso a émulos de los actuales funcionarios. Si se desea lograr cambios por la vía de los partidos, la ironía radica en la necesidad de hacerlos nuevos por nombre y por participación.