Una de las fortalezas de toda democracia es la plena independencia de poderes, lo que en Guatemala no se ha cumplido a cabalidad, aunque hay algunas muestras de una saludable separación de esas influencias, como ocurre con todo Congreso donde algunas bancadas independientes oxigenan un poco el sistema.

Eso explica la próxima interpelación de la inexperta ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien durante un interrogatorio con el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia fue incapaz de esclarecer muchas de las inquietudes planteadas. Por eso ahora deberá someterse a un juicio político el 8 de marzo, fecha fijada para darle una nueva oportunidad para esclarecer la postura gubernamental respecto del funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y de manera especial sobre la labor que le corresponde a Iván Velásquez.

La interpelación tiene una historia oscura en Guatemala, pues se ha utilizado en el pasado reciente para llegar al colmo de extorsionar a los gobiernos de turno, para lo cual los diputados programaban interminables y tediosos interrogatorios que ponían en evidencia a quienes las realizaban, como fue el caso de Roxana Baldetti, cuya mala intención fue clara cuando gobernaba de hecho Sandra Torres.

En la actual situación prevalece otra coyuntura y al parecer todo transcurrirá con prudencia; incluso diputados de otras bancadas se han mostrado dispuestos a sumarse al interrogatorio.

Lo cierto es que el tema está cargado de complejidades, porque tanto la actual canciller como el presidente Jimmy Morales han expresado en distintos escenarios su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero en la práctica su discurso toma un sentido totalmente opuesto, como fue el exabrupto de intentar la expulsión del comisionado Iván Velásquez o la queja que llevó la citada funcionaria a la ONU.

Si bien en manos del presidente está la conducción de la política exterior, debe existir una mayor congruencia con los hechos, sobre todo de cara a una comunidad internacional que tiene claridad sobre el rumbo a seguir y por lo cual entrega decisivos aportes económicos a la Cicig.

Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales avanzan en otra dirección y por eso ahora se hace necesario que mediante una interpelación se busque tener mayor transparencia sobre el verdadero sentido de lo que se quiere hacer, porque por lo visto ni quienes tienen por mandato conducir esa política parecen tenerlo claro, pero además tienen en contra el sentir de una parte mayoritaria de la población, que respalda a quienes han sido los únicos en poner contra la pared a una casta de políticos irresponsables y cínicos en la administración de la cosa pública.

El Gobierno y algunos de sus más altos cargos, aunque no estén a la altura de las circunstancias, han desaprovechado muchas oportunidades para esclarecer su verdadero interés en la lucha contra ese flagelo y más bien complican su propia gestión cuando se obstinan en exponer argumentos contrarios al interés de los ciudadanos y se empecinan en nadar contra la corriente, cuando todo parece estar en sintonía para poder terminar con la impunidad.