Los procesos fueron objetados desde el inicio por varias organizaciones civiles y algunos candidatos, quienes interpusieron amparos para detenerlos o para corregir el modo en que se estaban realizando, debido a algunas irregularidades que observaban en ese momento.
De esa cuenta, varias impugnaciones a las acciones planteadas llegaron a la Corte de Constitucional, que en un fallo, considerado poco claro, ordenó anular la postulación de magistrados para CSJ y regresar el de Apelaciones al momento de elección de representantes de magistrados de Apelaciones, puesto que se había hecho de forma opaca, según los amparistas.
Además, ordenó al Consejo que debía evaluar a los candidatos a las magistraturas como está establecido en la Ley de la Carrera Judicial, pero no especificó plazos. De tal manera que el Consejo planteó un cronograma que podría durar hasta dos años para concretar la evaluación de todos los aspirantes.
El proceso de postulación debía ser enmendado, porque ya casi estaba terminando y no se había cumplido con lo que estipula la referida norma, considera Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia.
“Las comisiones deben dar un trato equitativo en la selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, entre los de carrera y los que vienen de trabajar fuera del OJ”, indicó.
De acuerdo con Ibarra, “tampoco se estaba dando trato preferente a los de carrera judicial frente a los de la calle, como lo señala la ley, precisamente para fortalecer la carrera judicial”.
“Se ha creado un momento crítico en los procesos de postulación porque el Consejo de la Carrera Judicial ha violado la Ley de la Carrera Judicial cuando su función central era hacerla cumplir, y ahora que se ve obligado a cumplir, establece plazos irracionales”, expresó Ibarra.
Plazos constitucionales
En relación a los plazos, los magistrados de la CSJ consultaron a la CC para determinar qué pasaría con su permanencia en los cargos, cuyo mandato venció el 12 de octubre pasado. Al respecto, el viernes 8 de noviembre, Martín Guzmán, secretario del máximo tribunal, en conferencia de prensa, indicó que ha habido desinformación al respecto y que la Corte no ordenó que los magistrados permanezcan en sus puestos.
Ese día, Guzmán afirmó que fueron los magistrados de la CSJ quienes decidieron permanecer en los cargos, con base al artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial.
ARTICULO 71. Abandono de funciones. Ningún magistrado o juez, propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor.
Pero que los magistrados puedan ser sustituidos por nuevos funcionarios parecería que tomará más tiempo de lo esperado, puesto que aún se deben resolver varias impugnaciones. Solo la postuladora de magistrados para Corte de Apelaciones tiene 27 amparos en su contra, de los cuales seis fueron concedidos, algunos fueron desestimados y otros siguen en trámite; todos fueron apelados por la comisión.
“En el Congreso están pensando en un decreto casuístico, que ‘arregle’ la crisis, disponiendo que por esta única vez no habrá evaluación, pero como los procesos de postulación están iniciados desde junio, cuando el Congreso convocó, no habría retroactividad. Esa disposición quedaría para la siguiente elección (2024), y en 2019 y 2020 seguiríamos con el mismo problema de que hay que evaluarlos”, señaló Ibarra.
La experta añadió: “El impasse favorece al pacto de corruptos, porque siguen sus mismos magistrados por al menos 460 días, o sea 15 meses, que es el plazo que estima el Consejo de la Carrera Judicial”
Denunciamos al grupo dominante en el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que pretende fortalecer el pacto a favor de la corrupción y la impunidad, sin importar que pisotea el anhelo de la población por una justicia independiente. pic.twitter.com/acG9lBmS0s
— ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) November 12, 2019
El 30 de octubre pasado, la postuladora de CSJ suspendió sus labores y quedó inhabilitada por tiempo indefinido. Lo mismo ocurrió con la comisión que postula magistrados a la CA, pues el 4 de noviembre pasado también dejó en suspendo el proceso hasta nuevo aviso.
Ese día, Félix Serrano, presidente de esa postuladora y rector de la Universidad Mesoamericana, expuso que era necesaria esa decisión debido a que no había certeza jurídica, pues la CC no ha resuelto en definitiva un amparo en el que provisionalmente resolvió que el Consejo de la Carrera Judicial debe evaluar a los jueces y magistrados.
Al consultar a Serrano sobre el mes que se cumple sin que se renueven a los funcionarios judiciales, indicó: “Es una crisis de gran magnitud, en la que uno de los poderes del Estado no está ajustado a la norma constitucional. La Corte de Constitucionalidad se lava las manos, al estilo de Poncio Pilatos da una visión de poca responsabilidad y autoridad”.
Serrano considera que esta situación no se resolverá en el corto plazo. “Se va a prorrogar hasta el otro año, con la forma concreta de evaluación -de candidatos-. No se ve una luz de manera inmediata”.
Respecto al mandato constitucional de los magistrados, la CC debió ser muy clara desde el principio, agregó.
“La comisión de postulación ha decidido informar a la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca de este estancamiento judicial para que analice qué solución aportar, pues la obstrucción no está causada por la comisión. La CC tiene que actuar con sensatez al emitir la sentencia definitiva del amparo, para cambiar este escenario negativo y contrario a los deseos de justicia de la sociedad guatemalteca”, dijo en su momento Morphy Paiz, presidente de la postuladora de magistrados de Apelaciones y rector de la Universidad de San Carlos.
Acuerdos
El proceso de postulación contempla la integración de nóminas que deben ser enviadas al Congreso, para que los diputados elijan a los magistrados de CSJ y de CA.
El cambio de gobierno central, de los gobiernos locales y la renovación del Organismo Legislativo motivó a que algunas bancadas negociaran o entorpecieran la elección de magistrados, según analistas.
Al principio se decía que debían elegir a los funcionarios antes del 14 de enero del 2020, cuando asumen los nuevos parlamentarios, pero con la suspensión de los procesos estos consensos bajo la mesa se detuvieron, pues “beneficiaban a los actuales diputados, con la permanencia de los magistrados, pues conocerías solicitudes de antejuicio que podrían resolver a favor de los actuales legisladores”, mencionaron expertos.
Se ha dicho también que este impasse beneficia a los actuales magistrados, quienes “no quieren perder el control de la CSJ”.
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