En el Congreso de la República ronda un excesivo entusiasmo por promulgar iniciativas descabelladas, no carentes de amenazas para el mismo funcionamiento de la democracia, aunque quizá los mayores riesgos estriben no tanto en la necesidad de algunas leyes, sino en dejar su aprobación en manos de un grupo de legisladores irresponsables y/o tránsfugas, que llegan al extremo de firmar dictámenes sin siquiera molestarse en leer los documentos, que deberían ser sometidos a profundos análisis y posteriores debates.

Una de estas iniciativas es la 5,239, que busca criminalizar la protesta y tiene como objetivo de fondo coartar la libertad de expresión y llegar hasta fiscalizar el uso responsable de internet, sobre lo cual es inevitable preguntarse quiénes serán los encargados de calificar los distintos niveles de transgresión a la luz de la actual legislatura.

Otra iniciativa que avanza por el mismo derrotero es la relativa a la regularización de las organizaciones no gubernamentales, un proyecto que buscaría ejercer un férreo control sobre esas entidades, aunque primero debería darse también un debate amplio sobre los alcances, motivaciones, financiamiento y propósito de estas, sobre todo cuando son extranjeras.

Cabe recordar que en los últimos dos gobiernos las oenegés fueron pervertidas hasta límites insospechados y llegaron incluso a suplir las funciones de algunos ministerios, como ocurrió en Salud, donde entidades vinculadas con diputados y sus testaferros fueron las más beneficiadas con millonarias asignaciones.

Debido a las críticas, eso amainó en los últimos años, pero todavía quedan en el presupuesto de gastos de la Nación algunas que reciben jugosos beneficios, incluso con la misión de convertirse en defensoras de oficio de los gobernantes de turno, como acaba de ocurrir en la más reciente crisis nacional, en la que una de esas entidades llegó a ser propuesta para conducir un diálogo que buscara salidas a la crisis.

Otra de esas iniciativas en el Congreso es la conocida como ley contra los actos terroristas, en la que hasta ahora lo más evidente es criminalizar la protesta, en un nuevo afán por buscar posturas legales reactivas ante grandes problemas que hacen necesario el establecimiento de diálogos y búsqueda de soluciones para evitar las acciones de hecho que incluso llegan a entorpecer la libre locomoción, cuyos efectos también son perjudiciales para el comercio, la industria y la población.

Existen otros proyectos en marcha, pero quizá la actual legislatura sea la mayor amenaza a sus propias iniciativas, porque es casi imposible creer que alguna de estas propuestas pueda tener los propósitos esperados por los guatemaltecos y más bien se yerguen como amenazas a otros derechos fundamentales.

Después de lo ocurrido en septiembre pasado, cuando se intentó modificar el Código Penal en beneficio generalizado de la delincuencia, los diputados han sembrado mayores dudas sobre la ciudadanía, y si se obstinan en seguir adelante con el frenesí legislativo, lo menos que deberían hacer es abrir el debate para que diversos sectores se puedan pronunciar sobre algunas de sus intenciones, sobre todo aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones.