Álvaro Arzú es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte de Byron Lima, los cuales habrían sido pagados con fondos municipales.
Según la investigación del MP, el excapitán del Ejército Byron Lima era propietario de la cooperativa Torre Fuerte, con la cual tenía una relación comercial con la Municipalidad de Guatemala.
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El 5 de octubre del 2017, el MP y la Cicig revelaron que la cooperativa Torre Fuerte funcionada desde la cárcel de Pavoncito, y que se alteraron facturas para encubrir gastos de campaña del partido Unionista, los cuales eran pagados con fondos municipales. Ese día, el MP solicitó el retiro de inmunidad del alcalde Arzú.
Jueza cuestionada por resoluciones
Judith Secaida, una jueza cuestionada por sus resoluciones en beneficio de procesados en varios casos, fue nombrada pesquisidora del antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú.
En el Caso Redes, Secaida otorgó arresto domiciliario al exministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, quien se declaró culpable pero la juzgadora no accedió a emitir sentencia a través de un procedimiento abreviado.
Secaida también benefició con medida sustitutiva a Gustavo Martínez Luna, Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán. El MP y la Cicig no estuvieron de acuerdo con la resolución y presentaron apelación.
Otra decisión de Secaida que la fiscalía adversó fue la falta de mérito que otorgó a José David Prado Vásquez, exdelegado del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalado de haber sugerido al partido Fuerza utilizar un acta en blanco para beneficiar a un candidato a diputado.
La jueza Secaida también otorgó la libertad condicional, a solicitud del MP, a varios procesados por un caso de corrupción en la Dirección General de Educación Física (Digef).
En 2015, Secaida levantó el arraigo contra el exministro de Energía y Minas, Érick Árchila — actualmente prófugo de la justicia —, decisión que la fiscalía también apeló.
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