Ha quedado muy claro que del actual Congreso de la República es imposible esperar ninguna iniciativa orientada a mejorar la situación nacional y en consecuencia a sus integrantes no se les debe permitir que impulsen proyectos, porque sin duda irían claramente en contra del interés nacional.

Uno de esos temas, que saltó al interés nacional de la noche a la mañana, es el conocido como justicia transicional, el cual en otras circunstancias y con otros actores tendría la posibilidad, aunque difícil, de constituir un buen paso para desenmarañar la tan conflictiva madeja en la que están enredados los políticos, sus financistas y quienes llevan a cabo la crucial y larga lucha en contra de la corrupción y la impunidad.

Al respecto resulta difícil imaginar qué tipo de justicia podría aplicarse a quienes se han encargado de saquear al Estado, de manipular una larga serie de instituciones y a otras entidades para garantizar impunidad, un hecho que ha sido de los peores que han ocurrido en Guatemala durante décadas, por lo cual los avances para eliminarlo reciben constantes acciones adversas.

Entre los proyectos más importantes, también en manos del Congreso, se encuentra el relativo a las urgentes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que a finales del año anterior envió de manera acelerada el Congreso a la Corte de Constitucionalidad, para su respectivo análisis.

Esta iniciativa desde el principio fue duramente criticada, por ser uno de los proyectos más amañados por el grupo de diputados que consensuó los cambios, incluido uno que buscaba maniatar al Tribunal Supremo Electoral. Fue notoria la prisa con la que los legisladores enviaron ese proyecto a la CC, cuando se supo que el TSE estaba por concluir su propia propuesta, para que fuera incluida en lo que durante un largo período había estado discutiendo la Comisión de Asuntos Electorales.

Los diputados no solo aceleraron esa entrega, sino han reiterado que no incluirán las recomendaciones propuestas por el TSE. Es inevitable preguntarse ¿por qué lo hacen?, ¿cuáles son las intenciones? o ¿cuáles son sus temores? Son interrogantes que inquietan cuando un grupo de parlamentarios impresentables insiste en modificar una ley sin el concurso de las autoridades respectivas.

Por ello, el ente electoral debe agotar todas las instancias a su alcance y llegar hasta las últimas consecuencias que la ley le permite para frenar un proyecto que solo ahondará en los vicios de la vieja política y tenderá a perpetuar un modelo colapsado, cuya mayor muestra resulta ser el gran número de políticos situados en la mira de la justicia.

De hecho, dentro del mismo Congreso existen voces independientes que han emitido opinión sobre la prisa con la que se quieren empujar estas reformas electorales y también se ha aclarado que existe suficiente tiempo para analizar e incluir las propuestas planteadas por el TSE.

Una vez más, la CC tiene en sus manos la posibilidad de enmendar los pasos de la vieja política, aunque tampoco se debe soslayar que cada vez es más evidente y repudiable el sostenimiento de un modelo secuestrado por una clase política grotesca, y eso quizá sea lo más relevante a tener en cuenta ante la cercanía de un proceso electoral que tiene la oportunidad de convertirse en el mayor acto de depuración política.