El Tribunal Supremo Electoral tiene ante sí una decisión trascendental.  Los pueblos de Totonicapán y Quetzaltenango demostraron recientemente cómo se puede organizar la sociedad civil para exigir la salida o desconocimiento de sus diputados.   Los quetzaltecos le han hecho llegar esa reivindicación al TSE.  Son gérmenes de la democracia.

La experiencia de Quetzaltenango se podría replicar en muchos departamentos. Cuenta con una sociedad civil organizada, con muchos años de experiencia y participación: hace años lograron deponer a un gobernador cuyo nombramiento no se hizo de acuerdo con las normas establecidas. Esta sociedad civil tuvo una fuerte participación durante las manifestaciones de 2015, con una demostración de fuerza aún mayor el 20 de septiembre del 2017. Se exigió entonces que los diputados quetzaltecos se presentaran en Quetzaltenango el 29 de septiembre para explicar tanto sus votos a favor del Pacto por la Impunidad como sus votos contrarios a quitarle a Jimmy Morales su derecho a antejuicio.

Los diputados no se presentaron. Fueron sustituidos por grandes fotografías en el parque central, y se descubrió que la gran mayoría de la población quetzalteca ni los conocía. Se instaló entonces la Mesa Ciudadana, que sirvió de base para solicitar firmas para desconocerlos. Se combinaron el rechazo a las acciones de los diputados en el Congreso, su desprecio a la ciudadanía y el ejemplo de Totonicapán de obtener firmas para exigir la renuncia de sus diputados. Resultado: se propagó como fuego la demanda de desconocer a los diputados quetzaltecos como representantes legítimos de su pueblo. La chispa fue un acto de irreverencia y rebeldía de ciudadanos en el parque central de Quetzaltenango el 15 de septiembre, para rechazar la impunidad en vez de aceptar el desfile de ese día, como expresión oficial de una unidad nacional que no existía. Luego se extendió a una movilización popular que incluyó protestas y asambleas comunitarias en varios municipios.

Ya para el 20 de octubre se contaba con 10 mil firmas y, con el propósito de superar ampliamente los 15 mil votos, máximo logrado para elegir a un diputado del departamento, se acordó ampliar la movilización popular. El anuncio de San Juan Ostuncalco de realizar asambleas comunitarias actuó como detonante. Se convino entonces ampliar el plazo para aumentar el número de firmas obtenidas y le siguieron otras asambleas, incluyendo una asamblea municipal en Zunil. No fueron solo firmas, fue una movilización popular, pacífica, legal y, especialmente, legítima. El proceso culminó con la presentación de un memorial al Tribunal Supremo Electoral, el 22 de enero de 2018, con una sólida base jurídica y el apoyo no solo de 20 mil firmas de ciudadanos quezaltecos, sino también con el respaldo de personas jurídicas como Ceipa y Celjus, representantes de los pueblos maya k’iche’, maya mam y de las ONG en el Consejo de Desarrollo Departamental, y con la firma del obispo Álvaro Ramazzini.

Queda en manos de los magistrados del TSE responder a esta demanda ciudadana. En el mejor de los casos se desconocería a los diputados y tendrían que renunciar. Sus suplentes estarían entonces sujetos a una mayor presión ciudadana, dirigida a apoyar una agenda legislativa surgida de una sociedad civil cada vez más organizada y propositiva. En caso de una respuesta negativa del TSE, quedarán de todos modos los diputados individualmente sujetos a una interpelación continua por parte de la ciudadanía, debilitados y sin legitimidad. Sería el inicio de una rendición de cuentas y de una lección para todos. Son los estertores de una renovación democrática que deberá concretarse en 2019 con diputados mucho más sensibles ante las demandas mayoritarias de la ciudadanía.

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