El gobierno del Frente de Convergencia Nacional (FCN) que postuló a Jimmy Morales como presidente  sigue enfatizando los traspiés de su inicio. Olvidan el lema de campaña “Ni corrupto ni ladrón” con que convencieron a un pueblo ingenuo ante la captura y encarcelamiento de la vicepresidenta y presidente señalados, en 2015, por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de integrar una banda de ladrones que saqueó fondos del Estado para su enriquecimiento ilícito.

En aquella coyuntura la corrupción derramó el vaso de la paciencia ciudadana, llenado por gobiernos anteriores. Para muchos fue obvio que el señor Morales no tenía futuro como gobernante, pues sus credenciales son ajenas a lo que se requiere, por lo que la proclama popular durante las manifestaciones entre abril y septiembre fue: “En estas condiciones no queremos elecciones”. Demanda ignorada por el Tribunal Supremo Electoral, que no supo atender el clamor popular, y una estructura de poder económico que cerró filas para dar vía a la convocatoria a elecciones generales, enmarcada en ley, pero inoportuna desde el punto de vista estratégico-cívico-social.

El señor Morales llegó a la presidencia sin plan de gobierno, cuadros políticos, técnicos ni profesionales capaces de hacerse cargo del destino del país, pero arropado por cuadros oscuros, enquistados en el poder, identificados como aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad. Estructuras delincuenciales que dieron lugar, el 12 de diciembre de 2006, mediante acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, a la creación de la Cicig como un órgano independiente, de carácter internacional, con el fin de apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por integrantes de esas estructuras delincuenciales, y su desmantelamiento.

Los reiterados traspiés son variopintos. Empiezan por el nombramiento de funcionarios que no cumplen con la misión que su cargo implica, pero que convierten la institución a su cargo en una agencia de empleo para familiares, amigos y correligionarios. Van por su fallido intento porque Naciones Unidas retire al comisionado a cargo de la Cicig. Pasan por dejarse sobornar por el ministro de la Defensa con un bono mensual, por riesgo —que una vez salió a luz pública y la Contraloría General de Cuentas dictaminó su ilegalidad, debió devolver el dinero recibido, quedando pendiente la sanción que el ilícito demanda—. Siguen por la destitución de funcionarios que hacían bien su labor, pero que actuaron con independencia de criterio.

Aunque hay más, también está haber permitido que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) cubriera gastos personales, con el agravante de ser el presidente latinoamericano mejor pagado. Destacan anteojos y su reparación a precios estratosféricos, prendas y zapatos deportivos de marca, arreglos florales, licores finos y otras exquisiteces vedadas al común de los mortales.

Los guatemaltecos vemos con horror cómo parte de aquellos aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad están concentrados en obnubilar la visión presidencial, pese a lo caro de los anteojos, pintándole un país inexistente, algo así como el Macondo de García Márquez, prototipo del surrealismo mágico latinoamericano.

El gobierno del FCN llevó al país al borde del abismo y el señor Morales, ataviado con las mejores prendas deportivas y sus caros zapatos tenis, se apresta, en la línea de salida, para arrancar una frenética carrera de cien metros ¿planos?

¡En sus marcas, listos…!

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