Este jueves fue aprobada en segunda lectura por el Congreso de la República una iniciativa que crearía una instancia responsable de coordinar las acciones para la prevención de la violencia a escala nacional, trabajo que actualmente hace un viceministerio.
De ser aprobada la iniciativa en tercer debate y convertida en ley, se eliminaría el tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, de Gobernación.
Así estaría integrada la supersecretaría:
- El presidente Jimmy Morales nombra al secretario, quien debe reunir las calidades de un ministro de Estado. El secretario también participaría del Gaginete General, de Seguridad y Social.
- El Consejo Nacional de Coordinación de la Prevención de la Violencia aprueba las políticas, define las leyes y reglamentos que se piden al Congreso.
- El consejo lo integran la Vicepresidencia, quien lo preside, la Secoprevi, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, el Congreso de la República a través de varias comisiones, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Comunicaciones, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la Sesan, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de la Esposa del Presidente, la Anam, dos representantes del sector empresarial y cinco representantes de la sociedad civil.
La nueva institución tendría un presupuesto de Q50 millones en su primer año, provenientes de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), de Gobernación, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y de la Dirección General de Educación Física, a cargo del Ministerio de Educación.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión de Gobernación del Congreso y obtuvo el apoyo de diputados del Movimiento Reformador —al que pertenece Hernández Azmitia—, Alianza Ciudadana, Unión del Cambio Nacional, Frente de Convergencia Nacional y la Unidad Nacional de la Esperanza.
Críticas al diseño
Para Ronaldo Leiva, general en situación de retiro y analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la supresión del Viceministerio de Prevención es prematura, ya que no es fácil “quitar funciones a una institución y dárselas a otra”.
Crear esta institución es como desvestir un santo para vestir otro. No es tan fácil suplir a un viceministerio y que se le quiten funciones.
El titular de la Secoprevi, un secretario con derecho a antejuicio, al igual que un ministro, también encabezaría el Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia.
Esa instancia incluiría, además de a los ministros de Gobernación, Defensa, Finanzas, Economía, Trabajo y Previsión Social, entre otros funcionarios, a dos representantes del sector empresarial y cinco de la sociedad civil.
Para Leiva es complicado incluir a representantes de instituciones privadas en ese tipo de discusiones, que involucran, entre otros análisis, posibles acciones en poblaciones en riesgo de sufrir criminalidad.
Édgar Celada, coordinador del área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, comparte el escepticismo de Leiva sobre la efectividad de la posible nueva institución.
“Se incurre en el vicio corriente en Guatemala de crear elefantes blancos, entes burocráticos que no cumplen las funciones para las que dicen que son creados. El problema de fondo es que demanda la participación de otras instituciones sobre las cuales el secretario no tiene autoridad”, afirmó Celada.
Tareas de inteligencia
A la pregunta de por qué incluir al Ministerio de Defensa en la nueva institución, el diputado ponente afirmó: “Porque tienen inteligencia. Lo que queremos llegar a hacer es una inteligencia civil, porque eso dictaminan los acuerdos de paz, pero hay que crear una instancia donde realmente puedan coordinar todos lo que tienen que ver con temas de violencia”.
Ellos -el Ejército- tienen inteligencia y están en el interior. Si no se tiene información no se pueden tomar las mejores decisiones.
El general Leiva cuestiona este punto al señalar que el Ministerio de Defensa “solo puede proveer inteligencia sobre amenazas externas o al Estado mismo. No tiene autorización para hacer investigaciones”.
Esas funciones están normadas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, destaca Leiva, mientras que para el diputado su propuesta “no choca” con esa norma legal y solo busca dar continuidad a las políticas de prevención del delito.
Para Celada, aplicar medidas de ese tipo es contrario al esfuerzo por reforzar las instancias civiles de seguridad y representa retroceder “a experiencias del pasado”.
