Los sectores proimpunidad, encabezados por el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú, están más activos que nunca y desarrollan una fuerte ofensiva para sacar del país al comisionado Iván Velásquez, a como dé lugar. El primer paso lo dieron aquel domingo de agosto del 2017, cuando Morales declaró no grato a Velásquez, y continuó la semana pasada con el intento de la canciller Sandra Jovel de orillar al secretario general de la ONU, António Guterres, a despedir al jefe de la Cicig. La ayuda de memoria confidencial de la cancillería, divulgado por elPeriódico, revela la desfachatez de Jovel y el apoyo claro de Guterres a Velásquez (el documento oficial se puede ver en este enlace: https://drive.google.com/file/d/1iGNmK-W9WtW02KcYzv7WVPSeiE5YQKxS/view). Ese documento es revelador de cómo el gobierno ha hecho propio el discurso que desde el Mariscal Zavala mantienen los detenidos por casos de corrupción. Ahora ya no queda duda de que este gobierno forma parte del #PactoDeCorruptos porque su única obsesión es quitar de su camino a Velásquez.

Debido al traspié de Jovel en la ONU, el siguiente paso es el viaje del presidente Morales, junto con la canciller y los ministros de Defensa, Gobernación y Economía, a Washington. La narrativa oficial habla de la participación en el Desayuno Nacional de Oración, pero es claro que el objetivo va más allá. Bajo el brazo, el presidente lleva el ofrecimiento de trasladar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén porque tendrá audiencia de sectores evangélicos con influencia en la Casa Blanca. Morales entiende que el pretexto de Jerusalén le abre puertas en ese sector religioso y que podría darle eventualmente el trofeo deseado: una entrevista con el presidente Donald Trump. Morales sabe que EE. UU. es el mayor financista de la Cicig, por lo que repetiría el desgastado discurso de la injerencia en asuntos internos, mediatización de casos y violación al debido proceso. Quién sabe si logrará su objetivo, porque antes de su partida la embajada de EE. UU. divulgó aquí un video del secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, en el que confirma el apoyo de Washington a la Cicig.

Si en dado caso fracasaran las gestiones diplomáticas que, como se ve, van al más alto nivel del gobierno guatemalteco, tendrían la tercera opción. Jose Rubén Zamora señaló en elPeriódico un posible escenario en el que la desesperación de la dupla Jimmy Morales-Álvaro Árzú llevaría a la denuncia del mandato de la Cicig y la abrupta salida del país de Velásquez. Dicho plan, según Zamora, estaría articulado por el Ejecutivo, con el apoyo de la Junta Directiva del Congreso y de las mafias que se han visto afectadas por la labor de la Cicig. Ese recurso iría paralelo a la búsqueda de la toma del control de la Fiscalía General para hacer retroceder los avances en la lucha contra la corrupción.

Detrás de esta torcida estrategia está el objetivo de evitar que Jimmy Morales y Álvaro Azú sean investigados y eventualmente sometidos a proceso por hechos de corrupción. Sin embargo, en el caso de los Arzú hay razones de peso que los vinculan con las mafias encarceladas en el Mariscal Zavala. El Centro de Medios Independientes publicó una investigación en la que se señala que el prófugo por el caso La Línea Luis Mendizábal tiene relaciones empresariales con Carlos Antonio Pullin Pivaral, suegro de Álvaro Arzú Escobar, el presidente del Congreso, y esos nexos se amplían a los Alejos. Pero los vínculos van más allá: entre 1996-1999, Mendizábal le creó al entonces presidente Arzú Irigoyen la “oficinita”, un centro de inteligencia paralelo dentro del Estado (en este enlace se puede leer la investigación: https://cmiguate.org/las-conexiones-de-luis-mendizabal-con-los-alejos-y-los-arzu/) . Entonces está muy claro el interés de los Arzú por echar del país a Velásquez porque ha sido el artífice de que muchos de sus socios en corrupción estén en el Mariscal Zavala.

@hshetemul