Cuando el secretario de Estado, Rex Tillerson, pronuncia un duro discurso contra la corrupción y el debilitamiento institucional en la universidad de Austin, Texas, al inicio de su primera gira por Latinoamérica, envía un claro mensaje a las autoridades guatemaltecas, por ser quienes más pueden incidir en sumarse a esos esfuerzos o desbaratar un proyecto que ha costado millones de dólares.

El de Tillerson fue un discurso inequívoco sobre las líneas de acción que para Washington serán determinantes en los próximos meses y años, lo cual empieza por atacar de manera frontal una de las prácticas más infames en la administración pública, quizá la mayor causa del debilitamiento institucional y de los valores democráticos.

Al poner de ejemplo como ejes de esos antivalores a Cuba y a Venezuela, Tillerson fue claro al afirmar que se debe erradicar la corrupción en todas sus formas, porque una gobernabilidad ineficaz y corrupta perjudica a los países, provocando un gran daño a las economías y también porque erosionan la confianza en las instituciones nacionales y fomentan la criminalidad.

Es inevitable ver en las palabras del más alto representante de la política exterior de Estados Unidos una clara alusión a la situación guatemalteca, cuando afirma: “En Guatemala seguimos apoyando a la Cicig para reivindicar el estado de Derecho, fortalecer la rendición de cuentas e investigar de manera independiente la actividad corrupta que afecta a las instituciones gubernamentales”.

El mensaje de Tillerson adquiere más relevancia en la actual coyuntura, porque Guatemala libra uno de los esfuerzos más decisivos en la lucha contra las mafias incrustadas en el Estado y porque las más altas autoridades del país parecen avanzar en sentido contrario a una política cada vez más inequívoca desde Washington, es decir, respaldar el combate a la corrupción y el fortalecimiento del estado de Derecho.

Hechos ocurridos la semana anterior alimentan esa preocupación, empezando por la desatinada visita de la delegada de la diplomacia guatemalteca a la sede de Naciones Unidas, para tratar de socavar el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sin reparar que es el proyecto más fructífero para los intereses estadounidenses en esta región.

A esto se suman las remociones del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria y del ministro de Gobernación, dos piezas claves en el fortalecimiento de la recaudación tributaria y de la seguridad civil, además claros aliados en el difícil combate contra la criminalidad de cuello blanco.

Tillerson también afirmó que el 2018 debe ser el año en el cual estos países deben recobrar la confianza de los gobernados y tomar medidas contra la corrupción. Una tarea compleja, por lo menos en nuestro caso, si Washington no hace uso de otras herramientas de coerción más convincentes ante la evidente obstinación gubernamental.

Tampoco se debe soslayar el auge de un hostigamiento a líderes de opinión, bajo un creciente ambiente de hechos criminales en penales con mensajes sospechosos y ante un desborde de rumores en contra de operadores de justicia.