La caída de Manuel Baldizón ha sacudido a la clase política corrupta del país, en momentos en que esta se aprestaba a asaltar las instancias de control del Estado, y cuyo primer paso fue tomar la Junta Directiva del Congreso. Baldizón es un símbolo de la partidocracia corrupta y de cómo amasó una fortuna a base de jugar como oposición cuando en realidad hacía negocios con el Partido Patriota. Hoy, en su ocaso, el dueño del extinto partido Líder podría arrastrar en su estela de corrupción a buena parte de diputados, en particular a quienes saltaron al FCN y, por lo mismo, sus efectos negativos podrían llegar hasta el presidente Jimmy Morales, que pactó el arribo de esa calaña al partido oficialista. La persecución contra este gángster de la política también hace recobrar protagonismo al Ministerio Público y a la Cicig, que han sido objeto de fuertes ataques por parte de las mafias.

Entre el Partido Patriota y Líder no había mayor diferencia, ya que ambos lograron acumular millonarias sumas de dinero para mantener una fuerte campaña proselitista durante años. En el caso Odebrecht, por ejemplo, la fiscal Thelma Aldana reveló cómo Baldizón entró en negocios con Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, para repartirse los sobornos. Sinibaldi pactó con la empresa brasileña, que ha dejado una huella de corrupción por todo el continente, que por entregarle un contrato de US$300 millones iba a recibir US$19.7 millones, de los cuales US$3 millones iban a ser para Baldizón y US$4.9 millones para Carlos Arturo Batres, dueño de Farmacias Batres y en ese entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Lo anterior significó que al exministro de Comunicaciones le correspondieron US$11.8 millones, tan solo por la intermediación.

Como se ve, la oposición de Líder contra el PP era solo una pantalla para hacer negocios de provecho para ambos. Fue así como en la aprobación del contrato por parte del Congreso, Líder fingió ser un férreo opositor. El feliz acuerdo entre Baldizón y Sinibaldi tiene ahora un costo directo para los guatemaltecos, que ven cómo sus vehículos se deterioran en vías colapsadas. Por ejemplo, los trabajos de reconstrucción de la carretera que va de Suchitepéquez a la frontera con México fueron paralizados en mayo del 2016 por Odebrecht, lo cual determina que esa ruta esté ahora prácticamente inservible, al igual que otros tramos en los que tampoco trabajó la empresa brasileña y que suman en total 93 kilómetros.

El negocio de Odebrecht fue fructífero para los mafiosos, pero un asalto para el Estado, que en la actualidad, por medio del gobierno de Jimmy Morales, negoció otro feliz acuerdo para terminar el contrato, sin perjuicio de que la empresa brasileña pueda cobrar otros US$65 millones. Se sabe que esa compañía apenas tuvo un avance del 40 por ciento en los trabajos de reconstrucción de la carretera CA-2 Occidente, pero los desembolsos del gobierno alcanzaron el 75 por ciento, algo inaudito si no se supiera que tras esa estafa estaba el acuerdo establecido por Sinibaldi y Baldizón.

El caso Odebrecht apenas comienza a dar sus frutos. La persecución contra Baldizón, Sinibaldi y Batres representan el primer nivel de la ruta del dinero sucio procedente de la empresa brasileña. El Ministerio Público señaló que en adelante vendrán las pesquisas contra el segundo nivel de distribución de esos fondos y que tendrían como principal foco de corrupción a los diputados que vendieron su voto para aprobar, de urgencia nacional, el contrato con Odebrecht. De esta manera se puede entender por qué las mafias y sus corifeos atacan la labor del MP y de la Cicig para evitar que sus investigaciones desbaraten sus negocios sucios. Y por qué esas mafias tratan de incidir en la elección del nuevo fiscal general y buscan sacar del país a Iván Velásquez.

@hshetemul