El único compromiso cuyo avance en el 2017 fue del cien por ciento es el combate de la corrupción, incluyendo la investigación y enjuiciamiento de los funcionarios actuales y antiguos “que se cree, son corruptos”.
Las entidades que cumplieron con la totalidad de esa parte fueron el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
“Casos de alto impacto con funcionarios procesados por corrupción” es la acción asociada, según el informe presidencial.
El año pasado fue ligado a proceso el diputado Christian Boussinot, en el caso Plazas Fantasmas, y se destapó el caso Caja de Pandora, que surgió de la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima en el Sistema Penitenciario y con la que se vincula al alcalde capitalino Álvaro Arzú.
También se confirmó la condena de 13 años de prisión inconmutables a la jueza Jisela Reinoso, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y fue enviado a juicio el expresidente del Congreso Pedro Muadi, sindicado de integrar una red de plazas fantasmas, y también al exalcalde de Antigua Guatemala Adolfo Vivar.
Además se condenó a tres años al exdiputado Mario Yanes, por tráfico de influencias. Estos casos también fueron llevados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
De seguridad
Los compromisos que muestran un grado avanzado de cumplimiento están relacionados con la seguridad, como combatir el contrabando y la trata de personas, con el 75 por ciento.
A ese nivel también ha avanzado la cooperación con organismos de EE. UU. y otros países para facilitar el retorno y reintegración de migrantes irregulares.
Asimismo, implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, como las iniciativas de presupuesto abierto y gobierno abierto, y contrarrestar actividades de bandas criminales, traficantes y crimen organizado.
Llama la atención que en esta parte es la única mención que se hace, en las 302 páginas del informe —por lo menos en la versión dada a los medios—, de la Cicig.
“Cooperar con la Cicig y entidades de derechos humanos”, en el contexto del proyecto Cultura de Legalidad, es un compromiso con el 75 por ciento de avance.
Algunos aspectos que terminaron con la mitad de cumplimiento el año recién pasado son informar a los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de EE. UU, mejorar la seguridad fronteriza y aumentar los ingresos fiscales e implementar reformas tributarias.
Poco avance
Apoyar programas para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional de jóvenes en riesgo, crear empleos y promover crecimiento económico equitativo son de los compromisos que solo tienen 25 por ciento de cumplimiento.
Los otros son implementar una política para asegurar que las comunidades y autoridades locales y sociedad civil sean consultados en el diseño y participen en la implementación y evaluación de las actividades del plan que los afectan, así como cooperar y trabajar con una entidad autónoma para asegurar la sobregestión del plan.
Se solicitaron datos sobre el financiamiento de los compromisos al Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), entidad que ofreció la información, pero no hubo respuesta.
