Con contundencia, los analistas identifican que las dos áreas en donde el Gobierno es peor calificado son infraestructura y transparencia.
La primera, por el pésimo estado de las carreteras del país y la inacción por recuperarlas, y la segunda, por las acciones de Morales en contra de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y la complicidad con el Congreso por protección.
Asimismo, se ven avances y pendientes en cuanto a educación, debido al cumplimiento de más de 180 días de clases, la entrega puntual de la refacción escolar y la valijas didácticas, pero con grandes retos en cuanto a cobertura.
Con más logros que retrocesos, resaltan salud y seguridad, según el análisis de los dos años del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
En el primer caso, por evitar que la crisis por falta de medicamentos se agravara y haya sido controlada.
En cuanto a seguridad, se da crédito a la baja en varios delitos, principalmente los homicidios.
Por los discursos que el mandatario ha mantenido desde noviembre del año pasado, en distintas giras de trabajo, es fácil predecir que en el reporte que haga hoy ante el Congreso, Morales destaque el “combate” a la corrupción que promueve el Ejecutivo, y haga mención de la iniciativa del gobierno abierto.
En contraste, se prevé que la crisis que desató en agosto del año pasado cuando pidió la salida de Velásquez del país, y la decisión de trasladar la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén, brillen por su ausencia.
En su política general de gobierno, el Ejecutivo prioriza cinco ejes: desarrollo —que incluye economía e infraestructura—, transparencia, educación, salud y seguridad, los cuales son evaluados para identificar los avances y retrocesos.
Escenario de reto
Si bien durante 2016 y 2017 hubo un registro “moderadamente mayor” en la creación de nuevas empresas, al comparar con los dos primeros años de los dos gobiernos anteriores, no se tradujo en un mejor desempeño de la economía nacional, analizó Carlos Aníbal Martínez, experto en asuntos económico-sociales.
Destacó que, por el contrario, en estos dos años se acentuó una tendencia al descenso en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), al punto que en el 2017 solo creció 2.8 por ciento. Ve como una “contención del desarrollo nacional” la infraestructura.
Explicó que, durante los seis meses de la época lluviosa, en los últimos dos años, las carreteras del país se han mantenido en estado de “gran deterioro”, al grado que los tiempos de traslado de mercancías y personas se ha duplicado y, en algunos casos, casi triplicado, con el consecuente incremento de los costos y el daño a los medios de transporte.
“Esto es resultado de la bajísima capacidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para ejecutar su presupuesto asignado”, señaló.
Sin credibilidad
“El Gobierno y el presidente Jimmy Morales ya perdió toda credibilidad y legitimidad, y eso quedó demostrado en la marcha masiva del 20 de septiembre, en donde la ciudadanía le pidió al presidente que renunciara. La credibilidad está por los suelos”, consideró Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El analista recordó que, por las condiciones particulares en que se dieron las elecciones en el 2015 y por el criterio de los electores, el principal mandato electoral que recibió Jimmy Morales era combatir la corrupción e impunidad, además que el eslogan de su campaña fue “ni corrupto, ni ladrón”.
“Lamentablemente, la evaluación es que el presidente Morales ha defraudado e incumplido este mandato. Pese a que había una expectativa sumamente alta, decepcionó, y se le identifica a él y al partido FCN como dos de los aliados principales del Pacto de corruptos, o como los defensores de la corrupción e impunidad”, añadió Barrientos.
Elogió los esfuerzos en la instancia de Gobierno Abierto y lo que busca, pero, después de la crisis por el rechazo al jefe de la Cicig y el comportamiento del mandatario “se pierde legitimidad”, y más si no trabaja con el Congreso por una agenda nacional.
“¿Qué credibilidad pueden tener ahorita para abordar temas de transparencia y anticorrupción?”, refirió Barrientos.
Con equipo joven
Una de las paradojas del gobierno del presidente Morales es que dada su “falta” de un programa estratégico que dé “coherencia” a su gestión aunado a la carencia de un equipo propio para impulsar las políticas gubernamentales se formaron espacios específicos desde los cuales se han impulsado políticas que marchan “parcialmente en sentido correcto”, apuntó Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Ese es el caso, aseguró, de la seguridad ciudadana, “conducida desde el Ministerio de Gobernación por un equipo joven, cuyo núcleo duro fue formado en el Ministerio Público (MP)”.
Mencionó como positivo el énfasis a la investigación criminal, la persecución del crimen organizado dedicado a la extorsión, y continuidad de una buena coordinación entre instituciones, pero que dicha senda ha resultado insuficiente para superar el “desborde” de la criminalidad y violencia.
Agregó que el gran déficit del gobierno se mantiene en el Sistema Penitenciario, y cree importante retomar el control de las cárceles.
Además, el analista advirtió: “El primer reto es el de la estabilidad política en la conducción de la seguridad ciudadana: es de conocimiento público que desde el inicio del actual gobierno grupos dentro del partido oficial con vínculos con exmilitares contrainsurgentes buscan desplazar al equipo que dirige actualmente al Mingob”.
Mejor abastecimiento
La evaluación en salud se inclina a un balance positivo, de acuerdo al análisis de Arturo Quevedo, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.
“Es importante notar el reconocimiento de la deuda que venía arrastrándose de gobiernos anteriores y el pago, casi en su totalidad, ha traído credibilidad con los proveedores, así como un mejor abastecimiento a la red hospitalaria y áreas de salud, proveyendo con esto medicamentos e insumos de mejor calidad para la población”, indicó.
Quevedo ve como desafíos estructurar e impulsar “verdaderas” políticas de Estado en este eje, y no políticas partidistas.
“Importante seguir luchando por la transparencia e investigación de funcionarios corruptos. Seguir como hasta ahora”,
agregó, y abogó por atender la demanda que el sector profesional que labora en salud pública hace respecto a la mejora de las condiciones salariales que se ha postergado por años.
