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Lucas García, por discapacidad auditiva, estuvo sentado en el banquillo de los acusados en calidad de implicado, el juez le permitió sentarse en ese sitio para estar más cerca de los fiscales y escuchar los hechos que le señalaron por más de tres horas.
La fiscalía empezó a exponer la imputación recalcándole a Lucas García que tuvo el grado de “general de brigada y jefe del Estado Mayor General del Ejército del 16 de agosto de 1981 al 22 de marzo de 1982” y tuvo en “consideración la doctrina de seguridad nacional” vigente en el conflicto armado interno.
La fiscal Blanca Mariola Castañeda López señaló a Lucas García de ser el “responsable de ejecutar, organizar, dirigir, coordinar, planificar, supervisar, controlar e integrar el trabajo del Estado Mayor General del Ejército, en la conducción estratégico militar contra subversiva”.
Lucas García estuvo serio durante la exposición de la imputación del MP.
La fiscal señaló que Lucas García, para identificar objetivos militares, “utilizó la inteligencia militar existente, que fue determinante en la realización de operaciones contra subversivas ejecutadas en contra de la población ixil no combatiente”.
La imputación de la fiscalía es una serie de hechos documentados en los que se denuncian masacres, muertes individuales, desapariciones y agresiones sexuales. Los casos habrían ocurrido en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.
El órgano investigador señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas, hechos que imputa tres militares retirados.
La audiencia e primera declaración continuará este martes, 5 de noviembre, y se espera que termine la imputación contra Lucas García.
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