A lo largo de décadas, ha quedado demostrado que los cuestionamientos, críticas e investigaciones del periodismo independiente siempre terminan incomodando a quienes ejercen el poder político, sobre todo a aquellos personajes que llegan a creerse una especie de monarcas en miniatura gracias al efecto de las adulaciones, las roscas de sempiterna aprobación y los egotismos que los mantienen en modo permanente de campaña.

En todas las latitudes surgen motivos para el disenso y el cuestionamiento del uso de los recursos públicos, de las decisiones formuladas en nombre de la Nación y de las grandes prioridades de los gobernantes de turno, que con frecuencia tienen conflictos de interés a causa de sus financistas y allegados, pactos trazados a conveniencia con otros partidos en el Legislativo e intereses económicos fuera del Estado común, sobre todo cuando los períodos de gobierno están en su fase final, no se logró la reelección y diversas figuras buscan un botín final.

Estas variables y muchas más se ven involucradas en la actitud hosca hacia la información de medios independientes y la correspondiente cordialidad hacia aquellos que se exhiben complacientes, moldeables y oficiosos. Las diatribas, vetos y animadversiones en contra de los periodistas que denuncian las incoherencias, los gastos anómalos, sobrecostos de proyectos o dedicatoria en licitaciones constituyen todo un homenaje a su labor, constituida en servicio a la sociedad democrática. El gran problema, que usualmente tiene implicaciones criminales, radica en la intolerancia extrema que conduce a coacciones, intimidaciones y atentados contra los comunicadores y las empresas informativas que no se pliegan a tales componendas.

Guatemala tiene tristes ejemplos del poder utilizado en contra de la libertad de expresión, incluyendo la simulación de la misma, a través de perfiles falsos, uso de bots automatizados y equipos destinados al ataque sistemático de medios críticos a través de redes sociales. Afortunadamente, estos recursos menosprecian la inteligencia ciudadana, que es crecientemente capaz de identificar y replicar estas agresiones, disfrazadas de espontaneidad, pero delatadas por sus patrones de zalamería o falsa ecuanimidad.

Mucho más deplorables aún son los ataques físicos, como el suscitado el martes 10 de marzo del 2015 en contra del periodista Danilo Zapón López, corresponsal de Prensa Libre, hecho armado en el cual murió también Federico Salazar, corresponsal de radio Nuevo Mundo, un crimen por el cual fue condenado a 30 años de prisión el expolicía Sergio Cardona y se encuentra procesado el diputado oficialista suspendido Julio Juárez.

“Cuando se ataca a los periodistas, toda la sociedad paga el precio. Si no podemos proteger a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y contribuir a la adopción de decisiones se ve gravemente obstaculizada”, señala el oportuno pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que demandó mayores esfuerzos a los Estados para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Cualquier interés contrario a la libertad de expresión y libertad de prensa deja entrever razones dudosas para querer privar a la sociedad acerca de los detalles del manejo del patrimonio público, que constituye la única herramienta que posee el ciudadano para reclamar eficiencia a las personas que fueron electas como representantes y no como omnímodos reyezuelos, una situación de la cual el pueblo de Guatemala ha sido testigo en repetidos períodos.