Mantras, misas, incienso y cohetes y el 2018 nos abre la puerta cargando las mismas penas y todo el bagaje sociopolítico que como sociedad hemos construido a partir de quienes somos, como pensamos y como vivimos como guatemaltecos en las varias guatemalas que se entrelazan. Vivimos en un mundo pluricultural y multiétnico. Cada una de nuestras culturas, alumbra de alguna manera a la otra. Nos entrelazamos como una trenza multicolor, indígenas, ladinos, todos viviendo en diferentes esferas, pero en un mismo país.

Durante muchos años no nos hemos escuchado bien. Hablamos lenguas diferentes, mas no tenemos un idioma común. No me refiero al español, sino al lenguaje de la convivencia. ¿Cómo oírnos y entendernos? ¿Como bregar con las ovejas negras, de ambos lados del redil, que pintan el rebaño nacional con manchas horribles de intransigencia y corrupción? El lenguaje de la convivencia no es posible si tiene un contenido radical o inmoral. O si es antagónico y presenta demandas sin ninguna factibilidad de llevarlas a la realidad

Creamos a la CICIG, y en dos ocasiones fracasó, ahora sobrevive con un cartel de “non grato” a cuestas y unas cadenas ilógicas de operatividad hostil con el presidente de la república, con quien debería trabajar bajo los parámetros convenidos en el acuerdo original. El mismo fenómeno con el Ministerio Publico quien se ha plegado a la misma estrategia, a sabiendas que su mandato expira en unos meses y de su actuación dependerán las mismas prebendas que gozan sus predecesoras.

El sistema de justicia está colapsado y paralizado, infiltrado de paranoia e interferencias espurias. El debido proceso, el imperio de la ley, las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y los derechos humanos son consistentemente violados. Y si antes, mal que bien, había cierto balance entre jueces y magistrados de ciertas tendencias, los grupos cooptados por esas presiones espurias, han generado un ambiente de hostilidad hacia la inversión nacional e internacional. El caso de Oxec II y la Mina San Rafael, la destrucción de maquinaria de proyectos hidroeléctricos, las invasiones de fincas en el Polochic, las tomas de carreteras constantes, el robo de energía eléctrica, son solo algunas de las causas que a Guatemala se le haya rebajado la calificación de riesgo país.

El sector privado anda más disperso que unido, cada cual creyendo que su propuesta tiene levantada la proa del barco que se hunde y ahí llega menos agua. En Venezuela tuvieron que tocar fondo a nivel de cenizas para medio levantar una bandera común. Tendrán que buscar consensos porque el 2018 presagia un incremento en la conflictividad de cara a la apertura electoral en la que grupos contestatarios esperan participar con un bolsón de recursos espurios y la ingobernabilidad jugará un papel estratégico en su campaña.

Pero no dejemos de tener conciencia que este sistema fue creado por nosotros mismos desde tradiciones ancestrales. Tenemos rasgos de piratas y conquistadores. De salvajes rivalidades tribales que, aunque hoy las quieran cobijar bajo un manto maya, todavía prevalecen en idioma, territorio y cultura.

Hemos aprendido a apostarle a todos los caballos electorales. Y eso hemos conseguido. Caballos. Hemos elegido a politiqueros y contaminado la administración pública. Ahora se persigue a la corrupción como si ésta fuera ajena al sistema y no parte intrínseca del mismo. El campo ha sido minado y ahora nadie tiene el mapa de donde están las minas. No podemos caminar, ni para atrás, ni para adelante.

Si se hubiera pensado bien, se habría negociado —como en los acuerdos de la Moncloa— un borrón y cuenta nueva. Con un sistema de pesos y contrapesos funcional. Pero esto de chapucear el sistema con algunas capturas y la persecución penal selectiva seguirá dando el mismo resultado.

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